Tania Sirias
El diputado Alberto Lacayo, vicejefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), señaló que existe una alianza entre el Gobierno y los empresarios, logrando así un “acomodo muy cómodo del gran capital”, a través de leyes que protegen las grandes inversiones, no así a la mayoría de los nicaragüenses.
Sin embargo, el Gobierno ha impulsado leyes como las recientes reformas tributarias y la de industria eléctrica, las cuales han sido negociadas con la empresa privada, pero no significa que sean beneficiosas para la población.
Señaló que, en estos casos, los empresarios han negociado para proteger la buena andanza de sus negocios y al final la población termina pagando los costos.
“La política del Gobierno es llegar a acuerdos con los empresarios del país y aminorar el impacto de pobreza en las zonas más desfavorecidas con las dádivas”, señaló Núñez.
Indicó que otro de los puntos es que la generación de empleo ha subido, no así la calidad de este, provocando que el poder adquisitivo se vaya deteriorando.
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El legislador opositor destacó que una de las leyes que más revuelo está provocando es la Ley de Concertación Tributaria, donde los pequeños y medianos productores son los más afectados.
“Podemos señalar que muchas leyes se hacen a las espaldas de las mayorías, entre esas las reformas al sector energético. Tampoco es sano que solo se consulte al Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), se debe ampliar a todos los sectores del país”, dijo Lacayo.
El vicejefe de la BND coincidió con la exhortación que hizo la embajadora norteamericana Phyllis Powers, quien les dijo a los empresarios que utilizarán su posición e influencia para “cambiar las situaciones que son injustas, que niegan la igualdad según la ley o que dañen el desarrollo de Nicaragua”.
CLASE MEDIA, LA MÁS AFECTADA
Por su parte, la jurista constitucionalista Azahálea Solís lamentó que todas las leyes que está aprobando el Gobierno recaen en las espaldas de la clase media de nuestro país.
Solís indicó que la sociedad civil siempre le ha demandado al empresariado nicaragüense, a que piense en la política y la democracia, pues estas no están divorciadas de la economía.
“Si no hay una política democrática, no habrá un crecimiento económico sustentable, pero que además impacte en las grandes mayorías”, sostuvo la jurista.
Agregó que la ley más reciente, donde estuvieron ligadas la política y la economía, fue la Ley de Concertación Tributaria, la que dejaron recaer sobre los hombros de la clase media, el presupuesto de la República.
OÍDOS SORDOS
“Con las leyes emitidas se afecta cada vez más a la clase media, a la pequeña industria, a los pequeños productores de café, de frijoles. Realmente no hay políticas económicas que beneficien a todos, sino nada más a los que están al lado del Gobierno, los que se hacen de oídos sordos a las políticas dictatoriales de este Gobierno”, añadió Solís.
El diputado Eliseo Núñez comentó que a la empresa privada la ha invadido un pragmatismo absoluto y no es culpa de ellos.
“Estamos en un país donde no existe el Estado de Derecho. Ningún empresario se atreve a planificar a largo plazo, todo está enfocado a la inmediatez”, dijo Núñez, quien coincidió con Solís, al decir que esto afecta a la clase media.
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