Martha Vásquez
Después de conocer que existe la posibilidad de ampliar aún más las facultades que posee la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada por la Ley 793, el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz, quien rechaza dicha normativa, expresó que en vez de estar otorgando más facultades deberían de estar revisando su base jurídica, ya que esta fue recurrida el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia y aún no se pronuncia.
“Las bases jurídicas de esta ley son inconstitucionales y es peligroso estar dándole más facultades”, insistió Sáenz. La nueva facultad que pretenden atribuir vía decreto presidencial es la de inmovilizar y decomisar dinero en el Sistema Financiero, considerando que está vinculado, procede o se dirige al financiamiento al terrorismo, explicó el mayor general Denis Membreño, director general de la UAF.
De acuerdo con Membreño el decreto es un nuevo instrumento jurídico recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se encuentra reunido en el país.
Los recursos contra dicha ley plantean que supuestamente viola el derecho a la vida privada y a la presunción de inocencia, porque faculta a la UAF a obtener información contable, financiera y jurídica, sin que exista un proceso penal o fiscal en curso, invadiendo la esfera privada e íntima de los ciudadanos.
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