Por Carola Sole
MEXICO/AFP
El gobierno mexicano presentó este lunes una unidad especial para buscar a las miles de personas que desaparecieron en el contexto de violencia que prevalece en el país en los últimos años, una propuesta recibida con cautela por familiares de las víctimas.
La puesta en marcha de esta unidad especializada, que estará a cargo de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), había sido anunciada este mes en respuesta a una huelga de hambre que llevó a cabo por nueve días una decena de madres de desaparecidos que exigen desde hace años la localización de sus hijos.
«Queremos volcar todos los instrumentos y recursos que se puedan para este tema, que queremos que sepan que no será un tema más ni un tema de olvido», señaló el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una conferencia de prensa.
«Sabemos lo insatisfechos que están desde hace mucho tiempo», reconoció el funcionario a los familiares, muchos de los cuales han venido denunciando que las autoridades no tienen interés en resolver las desapariciones de sus hijos y que hasta les piden que investiguen ellas mismas los casos.
El gobierno no detalló el monto destinado a esta unidad y únicamente especificó que se incrementará de seis a 12 los fiscales federales dedicados a estos casos -que contarán con una asesoría técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja- y que se estrechará la cooperación entre las autoridades de todos los niveles para dar con el paradero de los desaparecidos.
Según un recuento oficial, 26,121 personas desaparecieron durante el mandato del anterior presidente, Felipe Calderón (2006-2012), que se caracterizó por una ola de violencia atribuida al crimen organizado y a la lucha contra el mismo, en la que fueron asesinadas más de 70,000 personas.
Sin embargo, Osorio Chong informó el viernes a medios extranjeros que en dos meses se publicará una cifra revisada a la baja de desapariciones, ya que según él muchas de estas personas simplemente se habían marchado temporalmente de sus hogares por motivos personales o decidieron emigrar.
«VAMOS A OBLIGARLES A TRABAJAR»
Familiares de víctimas que estuvieron presentes en la rueda de prensa de este lunes lanzaron a su conclusión gritos como: «¡No queremos promesas, queremos que nos cumplan!» o «¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?».
«Ojalá que ahora que lo están haciendo público pueda lograrse, pueda hacerse. La verdad, lo necesitamos, necesitamos que se pongan a trabajar para tener respuestas claras», dijo a la AFP María Herrera, madre de ocho hijos, cuatro de los cuales están en paradero desconocido desde 2008.
Llorando desconsolada, Herrera saludó el nuevo programa pero consideró que no habrá justicia hasta que se exijan cuentas a las autoridades regionales que «saben» donde están sus hijos de 19, 24, 25 y 28 años, dos de los cuales desaparecieron en el estado de Guerrero (suroeste) y otros dos en Veracruz (este).
A esas autoridades «nadie les toca porque los estados son libres y soberanos de hacer lo que les da su regalada gana», dijo indignada esta ama de casa de 64 años, que formó parte de la veintena de familiares presentes en el acto.
«Les vamos a dar nuestro voto de confianza porque si ellos no los buscan, ¿quién? Vamos a obligarles a que trabajen y si estamos aquí hoy es para demostrar que no vamos a descansar hasta saber dónde están nuestros hijos», manifestó Lucía Vaca, que desde 2011 busca a su hijo de 34 años, desaparecido en Monterrey (norte), tercera ciudad más poblada del país y corazón industrial de México.
Para esta madre, la medida anunciada este lunes es «un paso, una siembra» después de todo lo que las familias han sufrido, encargándose incluso ellas mismas de las investigaciones y empujando a las «descoordinadas» autoridades a dedicar tiempo a buscar a sus hijos.
