La verdad es que en un país donde lo insólito es el orden del día y no en la excepción, la detención, confinamiento cuatro días y posterior expulsión del fotoperiodista de la Agencia France Press (AFP), Héctor Retamal, no debería de asombrar, aunque hubiese violado el “perímetro de seguridad” del presidente, que todos sabemos, es indefinido y en continua expansión.
No sé qué fotografía comprometedora o quizás irrelevante, habría tomado o intentado tomar Retamal, pero ciertamente su acción fue vista como acto de “agresión” al presidente y sin mediar mucho diálogo fue detenido por cuatro días en las prisiones de Auxilio Judicial, o de poco auxilio judicial —sería más apropiado decir— hasta que fue expulsado del país.
De nada le valió a Retamal que el presidente francés fuera también socialista y solidario ni que él fuera un periodista de verdad, noble profesión que incluso les sirvió de camuflaje a los famosos narco-televisas para pasar inadvertidos por Centroamérica cargados de droga en un sentido y millones de dólares en el sentido inverso, hasta que fueron capturados en Nicaragua, gracias a la labor encomiable de la Policía Nacional (PN).
Según el escueto parte policial, también inverosímil, Héctor Retamal estaba ilegal en Nicaragua, porque tenía “una situación migratoria irregular” la cual fue descubierta únicamente cuando violó el “círculo de seguridad del presidente”, momento en que fue capturado. Durante sus cuatro días de confinamiento en que se supone que se comprobó que estaba ilegal en el país, fue incluso visitado por el cónsul de Chile, su país natal. Más tarde la Policía agregó que el problema residía en que no tenía visa de trabajo.
Por este parte inverosímil de la PN, protesto; por la captura súbita e inexplicable de un periodista, protesto como periodista; por su ilegal e inconstitucional confinamiento, protesto; por su expulsión del país, también protesto. El Gobierno está en la obligación, por la misma Ley de Acceso a la Información Pública, de dar una explicación verosímil de los hechos.
Paso a otro asunto inverosímil: la empresa MPeso está exigiendo llenar el siguiente formulario a cualquier usuario del transporte colectivo de Managua para obtener su “Tarjeta TUC Recargable”, la cual le permitirá seguir usando el transporte colectivo que apenas cuesta 2.50 córdobas la ruta.
¿Número de cédula? ¿Número de celular? ¿Número domiciliar? ¿Correo electrónico? ¿Dirección actual? ¿Origen de sus fondos económicos? ¿Recibe usted remesas mensuales? ¿Sus ingresos mensuales? y miren que sesgada contra los servidores públicos suena esta: ¿usted o algún familiar ha ocupado algún cargo público? Indicar la actividad esperada al mes, es decir, ¿cuánto dinero usa usted al mes en pasaje?
Aquí solo falta que le pregunten al pasajero el nombre de su novia y de su abuelita, después del de sus padres. Si George Orwell estuviera vivo esta información la hubiera incorporado a su novela 1984 como de gran utilidad para el Gran Hermano, o quizás este cuestionario ya está siendo utilizado en Corea del Norte para controlar a los pasajeros del transporte colectivo de aquel país, según los lineamientos “visionarios” totalitarios de Kim Il Sung y de allí posiblemente se lo “fusiló” MPeso para la tarjeta TUC-Recargable.
Pero siendo serio: este cuestionario que más bien pareciera destinado a un candidato a un préstamo hipotecario, para un vehículo, o para una tarjeta de crédito, no debe ser contestado por ningún ciudadano del transporte colectivo como requisito indispensable para poder obtener su tarjeta “TUC-Recargable” porque es violatorio a los derechos más elementales del ciudadano garantizados en nuestra Constitución Política, como es su derecho a la vida privada. Tampoco es una excusa verosímil que la culpa la tenga ahora la “Superintendencia de Bancos y la lucha contra el lavado de dinero”.
Que se modernice y expedite la forma de pago en el transporte colectivo es algo que todos debemos apoyar, aunque sea un negocio, pero ello no debe servir de mampara para que el ciudadano del transporte colectivo sea visto como “una base de datos” y mucho menos, que tenga que llenar un cuestionario con información privada como prerrequisito para poder abordar un atiborrado bus capitalino. El autor es diputado de la BDN y Presidente de la Comisión de Turismo.
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