Washington/EFE
“Era una filtración muy seria, muy muy seria”, repitió ayer varias veces el secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, con lo que justificó el espionaje a periodistas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) por la gravedad de la filtración que su departamento investigaba.
AP denunció el lunes en una carta al Departamento de Justicia el “intrusismo sin precedentes” de las autoridades federales por almacenar de manera secreta dos meses de registros telefónicos de sus reporteros y oficinas. Según AP, los investigadores federales recopilaron información de al menos veinte de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su alarma por las noticias sobre un posible caso de espionaje del Departamento de Justicia a la AP.
Los medios han acusado a la Administración Obama por no actuar con equilibrio y de perseguir con ensañamiento los casos de filtraciones, mucho más que los Gobiernos anteriores, y sin parar en barras.
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El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada. “Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto”, que “puso en peligro la vida de estadounidenses” y que requería “una acción muy agresiva” para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró Holder a los medios, y precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el inicio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.
Holder se mostró ayer seguro de que se había respetado la ley. Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en EE. UU., porque se realizó en secreto, sin dar a AP la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recabados.
Ronald Machen, quien trabaja para el departamento de Justicia en Washington, fue quien reveló a AP en una carta el viernes que la Fiscalía federal había obtenido las grabaciones, sin explicar el porqué de la obtención de los datos. Según varios medios, Machen dirige una investigación sobre la filtración de información secreta acerca de un complot de la red terrorista Al Qaeda que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) frustró el pasado año en Yemen, y cuyo objetivo era detonar una bomba dentro de un avión con destino a EE. UU.
Un artículo de AP publicado unos meses atrás informó de los detalles de la operación, pero la agencia ha asegurado que hizo pública la información cuando sus fuentes aseguraron que ya no había peligro para la seguridad del país.
Este nuevo escándalo pone al Gobierno aún más a la defensiva, cuando arrecia la polémica en torno al poderoso Servicio de Impuestos Internos (IRS, por si sigla en inglés), sospechoso de haber actuado con parcialidad en el tratamiento de las declaraciones fiscales de los grupos conservadores.
Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, resaltó ayer que el presidente Obama es un “firme defensor” del derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Añadió, sin embargo, que Obama “también es consciente de la necesidad del secreto y de mantener la información clasificada en secreto” con el fin de “proteger” los “intereses de seguridad nacional”.
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