José Adán Aguerri
A través de los medios de comunicación hemos conocido el caso del fotoperiodista chileno de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Héctor Retamal, quien permaneció detenido durante cuatro días en la Dirección de Auxilio Judicial y el día sábado 11 de mayo fue deportado a Costa Rica.
Nuestra Constitución Política establece el derecho de que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”, de lo que se deriva una serie de garantías constitucionales relevantes para nacionales y extranjeros, quienes por mandato constitucional tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con excepción, evidentemente, de los derechos políticos, que les impiden intervenir en los asuntos internos del país.
En ese orden, se establece en forma clara que uno de los derechos de cualquier persona que sea detenida es el “ser informado sin demora” de las causas de su detención y de la acusación formulada en su contra y a que se “informe de su detención por parte de la Policía y él mismo a informar a su familia o a quien estime conveniente”.
Pero de manera particular establece nuestra Carta Magna que todo detenido tiene que “ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención”.
Esas referencias constitucionales en el caso del periodista chileno se inobservaron. Por ello, como entidad gremial fiel a nuestros principios y valores empresariales de “promover y defender la libertad y la justicia” y fiel a nuestro compromiso con el modelo de las libertades incluyendo la libertad de prensa planteado en la Agenda Cosep 2009, demandamos que este y cualquier gobierno cumpla y garantice el debido proceso.
En este mismo sentido hemos sido siempre fieles defensores de la libertad de prensa que se tutela en nuestro sistema constitucional, para garantizar que los medios de comunicación y los periodistas ejerzan libremente su función social. Es por esto que también demandamos que este y cualquier gobierno garantice el libre ejercicio de la función periodística.
Somos creyentes que las actuaciones públicas de los funcionarios de los poderes de Estado y Gobierno deben realizarse en estricto apego a la legalidad, puesto que ello abona a la mejora del clima de negocios y, por ende, a la imagen positiva de nuestro país, que desde el sector público y privado trabajamos cotidianamente.
Este tipo de caso consideramos que no abona en la imagen país como sucedió a lo largo de este fin de semana pasado, donde se mostró una imagen negativa de nuestro país a través de los medios de comunicación internacionales y nacionales, puesto que, si bien es cierto, puede haber alguna actuación que no se ajusta a las regulaciones migratorias que deben observar los extranjeros y, como tal, tienen las autoridades competentes que resolver. Las mismas no pueden ejecutarse soslayando derechos y garantías constitucionales de inexcusable cumplimiento. Esto no solo produce daños a la imagen del país, sino que puede afectar la relación bilateral y el clima de inversiones con países con quienes hoy tenemos relaciones y son socios comerciales nuestros.
Por lo que, desde Cosep, instamos a las autoridades competentes que realicen las investigaciones respectivas que permitan aclarar y sancionar, en su caso, todo proceder público que haya violado los derechos constitucionales del fotoperiodista Héctor Retamal, a quien expresamos nuestra solidaridad, que hacemos extensivas a la Embajada de Chile, a la Agencia de Prensa Francesa y a la Asociación de Corresponsales Extranjeros en nuestro país. El autor es presidente del Cosep
