El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riad al Malki, vino esta semana a Nicaragua para entrevistarse con Daniel Ortega y otras autoridades del régimen orteguista. Durante su encuentro con el funcionario extranjero, Ortega reiteró su respaldo a Palestina para que sea reconocida como miembro pleno de las Naciones Unidas, lo cual está bien; pero al mismo tiempo Ortega arremetió de manera visceral contra Israel, lo cual está muy mal.
Daniel Ortega no tiene derecho ni autoridad para hablar en nombre de todos los nicaragüenses, mucho menos cuando da rienda suelta a su odio a Israel o cualquier otro país del mundo, con cuyo sistema de vida y de gobierno él no está conforme. Asumiendo que Ortega tiene derecho de odiar a Israel, como lo odia en la actualidad el presidente autoritario de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y como lo odiaba en el siglo pasado el dictador de la Alemania nazi, Adolfo Hitler, él, Ortega, puede hablar en representación de sí mismo, de su partido o de su gobierno, pero no a nombre de todo el pueblo de Nicaragua.
En Nicaragua, así como hay personas que simpatizan con Palestina y apoyan su lucha y sus demandas, también hay quienes simpatizan con el pueblo y el Estado de Israel y respaldan sus posiciones políticas internas y exteriores. Ambas corrientes de simpatía son legítimas y respetables, y ante todo deben ser respetadas por quien desempeña los más altos cargos del poder público, independientemente de cómo los consiguió o los ha mal habido.
Por otro lado, en materia de política internacional y particularmente en casos tan complejos y controversiales como el conflicto entre Israel y Palestina, lo inteligente, razonable y prudente es mantener una posición intermedia. Estas tres virtudes son indispensables para ser un buen diplomático y un mejor gobernante, pero lamentablemente no son las cualidades de Ortega.
Según agencias internacionales de noticias (de las cuales tomamos la información, porque a la prensa independiente del país no se le permite el acceso a los eventos oficiales), Ortega dijo en su encuentro con el canciller de la Autoridad Nacional Palestina que “lo que está en el fondo de todas estas batallas” (entre Israel y Palestina) es el derecho del pueblo palestino a construir y desarrollar su Estado. Lo cual es cierto a medias. La otra parte de la verdad, que por razones obvias omite Daniel Ortega, es que Israel tiene también derecho a defender, conservar y fortalecer su Estado, en el territorio que le pertenece desde los tiempos del patriarca Abraham y donde están sus raíces sagradas.
Los dos pueblos, el israelí y el palestino, tienen derecho a vivir en su Estado propio e independiente, en paz y libres de amenazas y agresiones, mutuas y de terceros. Pero son ellos, los israelíes y los palestinos, los que tienen que decidir cuándo pondrán fin a su conflicto y cuáles serán las fronteras que separen a un Estado del otro.
La mejor contribución que países como Nicaragua pueden hacer a una solución negociada y pacífica del conflicto entre Israel y Palestina es reconocer el derecho de ambos. En este orden, lo que debe hacer el Gobierno de Nicaragua es restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que Daniel Ortega suspendió en junio de 2010 porque el Estado israelí hizo uso, una vez más, de su legítimo derecho de defenderse de los ataques externos contra su integridad territorial y contra su derecho a existir por siempre, como pueblo y como entidad estatal.
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