Decepcionado. Así es la imagen con que puedo describir el retorno de mi hermano tras cada visita al Centro Departamental Electoral (CDE) en Matagalpa. Hacía meses que había solicitado su cédula de identidad y a diferencia de los demás jóvenes de la comunidad en donde vivimos —y los cuales pertenecen a la Juventud Sandinista—, ya se las habían entregado; inclusive hasta con entrega domiciliar de parte de los denominados miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
La entrega rápida de cédulas a simpatizantes del partido de gobierno es uno de los tantos “beneficios” que reciben —en contra de la ley—, quienes ondean una bandera que para gran parte de la sociedad nicaragüense es una total vergüenza. O quizá no. Quizá sea el recordatorio de que quienes se enorgullecen con ella son quienes han monopolizado el poder electoral, el cual nunca tiene “papelería” para quienes únicamente se identifican con una sencilla bandera azul y blanco.
Fueron casi tres años de insistencia en el CDE. La historia de mi hermano y la de muchos otros jóvenes nicaragüenses se presenta como una violación al artículo 47 de la Constitución Política de Nicaragua (CPN), por parte de uno de los cuatro poderes del Estado. Tal artículo establece que “son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido los dieciséis años de edad” y que al ser ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes.
En nuestro país iniciar el proceso de cedulación por parte de los jóvenes significa emprender una batalla en la cual se lucha por exigir el cumplimiento del derecho a ser ciudadanos, y en la que están en juego los intereses políticos del partido gobernante que ha hecho de un proceso que debe ser plural y transparente, un favoritismo completo para sus allegados.
Es de vital importancia que los medios de comunicación incluyan dentro de la ya establecida agenda mediática, temas que denuncien la violación flagrante de los derechos, deberes y garantías de la población. La insistencia de mi hermano para obtener su documento de identidad es una historia que manifiesta la importancia de darle cobertura a temas relacionados con nuestros Derechos Políticos. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía.
Asimismo, la violación a ese derecho político viola el artículo 48 de nuestra Carta Magna el cual establece que “es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.
En este sentido ningún ciudadano con conciencia se siente ajeno a la exclusión que experimentan los jóvenes que no se han enlistado en las filas de la Juventud Sandinista (JS) para adquirir su cédula de identidad. El mismo poder electoral que no se debe parcializar hace exclusión de quienes no son simpatizantes del partido de gobierno.
Después de los comicios de noviembre de 2012 en los que hubo fuertes enfrentamientos en Ciudad Darío, Matagalpa, continúa cerrado hasta la fecha el Consejo Electoral Municipal (CEM), como una presión a la voluntad popular que exigió el respeto a la libre elección.
Marzo de 2013. Mi hermano regresa a casa procedente de Matagalpa. Su noticia es la alegría de todos. Sonríe mientras lee el nombre que encabeza su documento de identidad: CARLOS FERNANDO PORTOCARRERO ARANCIBIA. Ciudadano nicaragüense. El autor es estudiante de Comunicación Social
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