Si hay algo en lo que una amplia mayoría de nicaragüenses estamos de acuerdo es en la necesidad de elegir a los magistrados de los diferentes poderes del Estado y cambiar de una vez por todas a los que hoy usurpan dichos cargos. Hasta la fecha, tanto el Gobierno como los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) se acusan mutuamente de no querer consensuar sobre quiénes habrán de elegirse.
La verdad es que ambos se arropan bajo falsas premisas, el Gobierno alegando que la bancada del PLI mantiene un veto a la reelección de los actuales magistrados, algo que les es difícil aceptar, ya que de hacerlo sería admitir como ciertas las acusaciones que se les hacen sobre los tres últimos fraudes electorales. En cuanto a la BDN, sus motivos básicamente son las cuotas que Ortega pretende asignarles y por otro lado el costo político que significaría elegir en combo, votando de esa manera por los corruptos que a Ortega se le antoje reelegir. En lo que ambos se equivocan, es en que aparentemente no se han dado cuenta que los tiempos han cambiado y que las últimas actuaciones tanto del PLI como partido, así como las “acciones” de su bancada, han hecho que el pueblo les retire su respaldo, reduciéndolos según las últimas encuestas a un ínfimo cinco por ciento como partido. En pocas palabras, la BDN no le da a Ortega la legitimidad que desesperadamente necesita aunque trate de aparentar lo contrario. En cuanto al Gobierno, este tiene que darse cuenta que la época de los regímenes totalitarios se acabó y si hay algo que dejó meridianamente claro el último fraude electoral es que Ortega no necesita de los votos de los diputados de oposición para elegir.
De lo que sí necesita y con urgencia es que sus nominados sean personas de conducta aceptable a la población, cualidad que todavía queda en algunos sus profesionales. En cuanto a los que habrían de elegirse por parte de las corrientes no orteguistas, estos ya están propuestos por las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los que a su vez cuentan con la aprobación de esa amplia mayoría que hoy representa más del cuerenta por ciento de nuestra población. Si a lo que aspira Ortega es a otro pacto, que siga insistiendo con la BDN, pero si lo que quiere es recuperar en parte la credibilidad perdida y ser aceptado como igual en el concierto de países democráticos, esta es su oportunidad de hacerlo.
Para finalizar, no omito manifestar que este pensamiento lo expuse en una reunión en que se encontraban una buena cantidad de líderes civiles y personalidades con arraigo y prestigio dentro de nuestra sociedad y una amplia mayoría manifestó que lo único que la bancada gobiernista tendría que hacer para viabilizar esta opción, sería hacer público los nombres propuestos y las diferentes organizaciones y pueblo en general a través de los medios de comunicación, se encargarían de hacerle saber a la bancada gobiernista los nominados que gozan de la aprobación de los nicaragüenses. Solo así podríamos intentar con alguna posibilidad convivir cobijados por una sola bandera y bajo el precepto de todos iguales ante la ley.
El autor fue comandante de la Resistencia Nicaragüense y actualmente es miembro del PLI.
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