Lucydalia Baca Castellón y Lucía Navas
Además rechaza que se les llama “informales” porque a pesar de no tener una relación patrón-obrero “generan el 44.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra superior a la que generan los empresarios”.
Para Reyes es injusto que además de no poder acceder a ninguna prestación laboral, también tengan que soportar que se use “ese término peyorativo de informal” para referirse a ellos.
Para el dirigente una ampliación del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) resolvería parte de la problemática de este sector.
Es por ello que mantienen negociaciones que faciliten la inscripción de los trabajadores de este sector al régimen facultativo del INSS. Esperan que dentro de las negociaciones de la reforma a la seguridad social se establezcan los mecanismos que faciliten esta inclusión.
Sin embargo, la CTPC no está convencida de que la aprobación de la Ley de Tercerización resuelva la falta de acceso a prestaciones que enfrentan. “Ya que esta gente está acostumbrada a desempeñarse en su propio trabajo que se fabricaron con sus propios horarios y bajo sus propias condiciones”.
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En el marco de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores el Gobierno informó que durante el 2012 se crearon 161,873 nuevos puestos de trabajo. Con dicho crecimiento en el país están empleadas 3,096,002 personas.
Sin embargo, el 79.21 por ciento de estas plazas —más de 2.4 millones de personas— continúa en la informalidad (trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración, principalmente). Es decir, sin tener derecho a ninguna de las prestaciones sociales que establecen las leyes nacionales y convenios internacionales para el trabajador formal.
Sin distingo de preferencias políticas, los sindicatos coinciden en que lo más grave es que estos trabajadores no están protegidos por la seguridad social, lo que les arrebata cualquier posibilidad de acumular una pensión que al término de la vida laboral se podría convertir en su única fuente de ingresos para sobrevivir.
Mientras el Gobierno, en su informe Nicaragua Triunfa 96, califica estas cifras como un “reflejo del vigor de la economía” y del éxito de sus “políticas en beneficio de la clase trabajadora”, los sindicatos coinciden en que “todavía hay mucho por hacer”.
Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) las cifras reflejan “un fenómeno” que no es exclusivo de Nicaragua sino de todas las economías” latinoamericanas donde las tasas de informalidad laboral “son del sesenta por ciento o más”, siendo la más alta en la subregión de Centroamérica donde alcanza “niveles de setenta por ciento”, según su presidente José Adán Aguerri.
URGE APROBAR LEY
Organizaciones independientes y afines al Gobierno concuerdan en que lo más urgente para revertir la informalidad es aprobar la ley que regulará la tercerización de servicios. Consideran que mientras no se establezca un marco legal para la subcontratación, la empresa privada y el Estado continuarán promoviendo la informalidad.
“Informal no es solo el vendedor de la esquina, es todo aquel que trabaja para la empresa privada y el Gobierno a través de la subcontratación. Pero como la informalidad enriquece más al empleador no se ponen a pensar que asegurar a todas estas personas resolvería el problema del INSS (Instituto Nicaragüense del Seguro Social)”, asegura Nilo Salazar, secretario de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-I).
Es por esto que durante la marcha que realizará hoy la CGT-I su principal demanda será la aprobación de esta ley.
El presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE) reconoce que en “todos lados” hay subcontratación” y que por eso “urge regular”. Pero insiste también en que no se puede negar que “estábamos peor” y que el trabajo a pesar de sus deficiencias, al menos ha frenado la migración laboral. “No podemos olvidar que más de un millón de nicaragüenses se fue a Costa Rica en busca de empleo”.
Sin embargo, según los mismos datos del Gobierno, entre 2011 y 2012 la informalidad solo se redujo en 0.4 puntos porcentuales.
EMPRESARIOS SE OPONEN
Según Barbosa y Salazar, la Ley de Tercerización está congelada desde hace tres años en el parlamento porque el Cosep se opone a su aprobación.
Aguerri rechaza ese señalamiento y califica como un discurso de un líder sindical que quiere salir nuevamente en los periódicos. También sostiene que como empresarios han favorecido la formalidad laboral a través del “diálogo social” con sindicatos y Gobierno, a lo cual atribuye como resultado que se hayan “aumentado más de 200 mil empleos en el Seguro Social”.
Mientras Barbosa confía en que a través de la alianza que el Gobierno mantiene con el Cosep se logre un consenso que permita aprobar dicha ley antes que concluya el 2013. Aguerri vislumbra la solución a través de la inclusión de las empresas al régimen formal.
Uno de los caminos viables para Aguerri es lograr que las empresas que están informales sientan que los beneficios de pagar los impuestos, el salario mínimo a sus trabajadores conforme Ley y las prestaciones sociales, es una inversión para su sostenibilidad.
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