El hecho de que el Consejo Nacional Electoral venezolano haya aceptado la demanda de auditar el ciento por ciento de las actas de la reciente elección presidencial, no es una victoria casual del comando Simón Bolívar, como se hace llamar el equipo de campaña de Henrique Capriles, quien ha dado un fuerte impulso a la democracia en Venezuela y otros países bajo la influencia del Alba, incluida Nicaragua.
Esta decisión, que podría incluso revertir los resultados de la elección, o no tendría razón de ser, es producto de la firmeza del líder de la oposición, dispuesto a enfrentarlo todo (cárcel, destierro o muerte) para hacer cumplir su Constitución y sus leyes. A mi juicio ese Consejo Electoral, que no dudo de que responde a los intereses del chavismo, se vio obligado a comprometerse al recuento porque el pueblo opositor no ha estado dispuesto a desmovilizarse, manifestándose en las calles y sonando cacerolas en todo el país, atentos al llamado de su líder que ha dado la cara a pesar de todas las amenazas de que lo que pase es su responsabilidad lo mismo que hicieron aquí con Eduardo Montealegre. Además las fuerzas armadas venezolanas, de origen democrático al fin, no han estado dispuestas a realizar una masacre solo para que continúe en el poder un Maduro que no es ni la sombra de Hugo Chávez, ni en la reciedumbre de su carácter, ni en su carisma social, ni en la fortaleza de su espíritu, cualidades todas dignas de mejor causa.
En Nicaragua, la orden de desmovilizar a las fuerzas de oposición, con un “váyanse a sus casas”, el 9 de noviembre de 2008, la dio el propio Eduardo Montealegre, quien hasta ese momento se perfilaba como el líder de la oposición y a quien el mismo Arnoldo Alemán llamó para amedrentarlo e inculparlo de lo que pasara. Sin la presión social, el CSE aparentó no escuchar todas las denuncias del fraude que se demostró a tal grado que los cooperantes decidieron marcharse y no seguir apoyando a un gobierno dictatorial y a un pueblo timorato.
Ya para las elecciones del 2011, el CSE-FSLN hizo lo que quiso en violaciones a la Constitución y a la Ley Electoral (particularmente el artículo de no reelección consecutiva que según mi opinión impusieron los sandinistas para que no se reeligieran ni doña Violeta ni Alemán, que hubieran tenido el mismo derecho que supuestamente ahora tiene Ortega). El resultado fue el fraude electoral con el que se “reeligió” Ortega y que no fue posible demostrar porque todos los mecanismos de control auditables habían sido hecho añicos, con la complicidad de los dirigentes actuales del PLI, quienes no estaban dispuestos a enfrentarlo todo para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso sí, a pesar del aparente celo por los bienes del Estado, dejaron de perseguir a Montealegre por el asunto de los CENI. En las municipales del 2012, el 60 por ciento ni siquiera salimos a votar por la falta de credibilidad de la “oposición”.
Las elecciones internas del PLI que es la “segunda” fuerza política y por tanto con derecho a fuerte presencia en todos los niveles del proceso electoral, le dan la oportunidad al pueblo democrático de que los directivos territoriales elijan a quienes mejor los representen como presidentes y secretarios municipales y departamentales y que estos a su vez elijan una Junta Directiva Nacional que no esté afectada por los intereses personales de Montealegre, que no son los intereses de la mayoría de los nicaragüenses.
Ese podría ser el principio del fin de la dictadura, porque aquí, igual que en Venezuela, los amantes de la democracia somos mayoría y sabemos que este es el camino para el desarrollo y el progreso, como lo han demostrado las economías emergentes, donde no encaja el populismo que tiene postrados a Cuba, Venezuela y los países Alba. El autor es Vicepresidente Departamental de Managua del PLI desde 2004.
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