Elízabeth Romero
Un grupo de retirados del Ejército de Nicaragua y el extinto Ministerio del Interior (Mint) denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que, con la recién aprobada Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional (Ley 830), el Gobierno no expresa voluntad política de responder a sus reclamos.
Solano lamentó que la Ley 830 no haya logrado cumplir con las expectativas de los retirados y, aún más grave, es que impone limitaciones a la libertad de organización que estos tienen.
A su vez señaló Solano que estos grupos demandan el reconocimiento del Estado al aporte que ellos hicieron para defender la institucionalidad en un momento difícil de la historia.
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Como planteamiento principal que hace el grupo, aglutinado en la asociación Consejo de Defensores de la Patria, solicitan una pensión vitalicia en concepto de jubilación, lotes de terrenos y propiedades, entre otros beneficios.
Carlos Ramírez, representante del grupo, expresó que en el artículo 70 de la Ley únicamente se establece que sea el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) el que realice una propuesta en relación a que si lo que les deben entregar al sector es una pensión o una indemnización.
A criterio del denunciante, de hacer esto a través del INSS, se afectaría a asegurados porque ellos están claros que no cotizaron al Seguro Social durante la guerra civil.
“Estamos conscientes que el INSS no tiene por qué hacerse cargo de esto, cuando en realidad no fuimos cotizantes ni somos asegurados, en la actualidad significa pasarle una carga social al INSS, sería afectar a los cotizantes que están actualmente pagando el Seguro Social”, dijo Ramírez.
Por tanto esa agrupación exige que para el cumplimiento de sus beneficios que sea el Gobierno a través de la comisión —que establece la ley que debe ser creada—, con autoridades del Ejército y Ministerio de Gobernación para que establezcan cuánto fue lo que debieron haber cotizado y así les otorgue la pensión.
Alrededor de 23,000 retirados están afiliados a esta organización, aseguran sus líderes. De ese total, un treinta por ciento integró de forma permanente las Fuerzas Armadas.
Señalan que a la fecha hay retirados con grados de capitanes, mayores y coroneles, que en la actualidad son jubilados con pensiones que van entre 600 dólares y mil dólares. Mientras tanto muchos de ellos, quienes expusieron sus vidas por la seguridad de la patria, viven todavía en casas de plástico y cartón.
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