WASHINGTON/AFP
El grupo bipartidista de cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos alcanzó un acuerdo sobre un ambicioso proyecto de ley para refundar el sistema de inmigración que incluye la legalización de más de 11 millones de indocumentados.
Los senadores proponen un estatuto de “inmigrante registrado provisional” (RPI) para los ilegales. El texto elimina el sistema actual de visas por diversidad geográfica, limita la reagrupación familiar e implementa un nuevo modelo de inmigración en función de intereses económicos, con cuotas de trabajadores por sectores.
La creación del RPI vendrá acompañado de un complejo abanico de medidas de seguridad en la frontera con México, incluida la ampliación de la barrera y la obligación para el gobierno federal de capturar al noventa por ciento de los indocumentados que intentan cruzar en las zonas de alto riesgo. Además, el Gobierno se compromete a implementar “un sistema obligatorio de verificación de empleo”, para el que dan cinco años de plazo a los empresarios, y se crea una inédita tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos.
Los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI. Tras diez años con residencia provisional podrán optar a la “tarjeta verde” de residente definitivo. Tres años más tarde, pueden ser naturalizados. Los jóvenes que llegaron de forma involuntaria podrán ser regularizados en cinco años.
El documento detalla la refundación del sistema de inmigración, y propone que cuarenta por ciento de las visas se destine a personas de alta cualificación.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
