Woodrow Wilson, vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos (1913-1921) y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1919, es conocido como una de las figuras más influyentes en la historia de la administración pública estadounidense. En la tradición wilsoniana, la administración pública es el instrumento por el cual aquellos elegidos a cargos públicos logran cumplir sus mandatos constitucionales. No obstante, el prominente teorista constitucional, John Rohr, profesor emérito de Administración Pública de Virginia Tech, decía que la visión de Wilson está mal enfocada en el sentido que para Rohr, la administración pública no es un instrumento para aquellos elegidos a cargos públicos, sino más bien un instrumento de la Constitución, y al ser electo a un cargo público, la persona se convierte en administrador de la Constitución y no simplemente un instrumento político como lo planteaba Wilson.
En su libro Muerte de una República , Eduardo Enríquez sugiere que la legitimidad gubernamental nace de la separación de los poderes del Estado, en donde los poderes constitucionales son limitados, apartados y balanceados. Sin embargo, la única forma en que se puede lograr este tipo de legitimidad es inyectándole autonomía individual a los cargos administrativos del Estado. En este sentido, el rol del administrador es fundamental; y en el caso de los magistrados del poder electoral, aún más determinante, pues se trata de proteger y garantizar el derecho más sagrado que puede tener un ciudadano de la República: el voto.
En la elección de nuevos magistrados es importante tomar en cuenta esta premisa y escoger a personas altamente calificadas para administrar el poder electoral, cumplir con el mandato constitucional. Sería ingenuo pensar que los candidatos a magistrados no van a tener relación alguna o simpatizar con una u otra afiliación política o partido. Es política después de todo y tanto en nuestro gobierno como cualquier otro, es imposible separar por completo lo político de lo administrativo. El Consejo Supremo Electoral (CSE) es un órgano administrativo y como tal necesita administradores. No importa que sean políticos, pero que antes de ser políticos, sean administradores públicos.
¿Será posible conseguir a las personas idóneas para llenar los cargos de un “nuevo Consejo”? ¡Por supuesto que sí! Pero no va a ser fácil. Hay personas buenas y calificadas para ser buenos magistrados y administradores del poder electoral; pero volvemos a lo mismo; la percepción de muchos es que nombren a quien nombren, el poder electoral seguirá careciendo de transparencia y autonomía. ¡Ojalá no sea así. Todo es posible cuando hay voluntad. Tomemos el ejemplo del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Independientemente de los recientes atropellos constitucionales a raíz de la muerte del presidente Hugo Chávez, el sistema electoral en Venezuela es considerado uno de los más transparentes y legitimados de Latinoamérica; incluso por los mismos partidos de la oposición política de Venezuela.
Retomando entonces la idea propuesta por Rohr, a la hora de escoger nuevos magistrados para el CSE es necesario seleccionar no simplemente instrumentos públicos como planteaba Woodrow Wilson, sino administradores de la Constitución. De esto dependerá la legitimidad del poder electoral y del Estado en general. El autor es Doctor en Administración Pública y profesor en la Escuela de Políticas Públicas y Administración de Walden University, Estados Unidos.
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