Costa Rica: Sigue audiencia por caso Crucitas

El caso Crucitas sigue en los juzgados costarricenses y esta tarde, el exministro de ambiente Roberto Dobles, iniciará a comparecer en una audiencia en el Segundo Circuito Judicial de San José, al ser uno de los siete acusados por avalar este fallido proyecto minero.

Josué Bravo

Corresponsal / Costa Rica

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El caso Crucitas sigue en los juzgados costarricenses y esta tarde, el exministro de ambiente Roberto Dobles, iniciará a comparecer en una audiencia en el Segundo Circuito Judicial de San José, al ser uno de los siete acusados por avalar este fallido proyecto minero.

Dobles, la exdirectora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); Sonia Espinoza, la exdirectora de registro minero Cinthia Cavallini y los miembros del consejo consultivo por el caso de la minería Crucitas, Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales; son acusados del supuesto delito de prevaricato, es decir, 

Prevaricato es realizar acciones contra la ley y ellos son señalados de avalar la minería Crucitas, cuyos permisos ambientales fueron revocados a finales del año 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, sepultando de una vez este proyecto.

Dobles rendirá declaración en una audiencia que termina el jueves. Este proceso se encuentra en etapa intermedia y cuando la audiencia judicial culmine, un juez determinará si el caso es elevado a juicio.

La empresa canadiense Industrias Infinito, pretendió extraer alrededor de un millón de onzas de oro en Crucitas, ubicada a unos tres kilómetros del río San Juan.

En el fallo del 2010, refrendado por la Sala I de la Corte hace más de un año, el Tribunal encontró irregularidades en las concesiones ambientales a la empresa.

El expresidente Óscar Arias, también es investigado por el supuesto delito de prevaricato, pero no es parte de la acusación.

Arias, siendo Presidente y Dobles, su Ministro de Ambiente, emitieron un decreto ejecutivo en el año 2008, declarando el proyecto de interés público y conveniencia nacional, el cual le permitió a la empresa minera talar 86.5 hectáreas de bosque protegido por ley.

El decreto también fue anulado por el Tribunal, cuyos jueces orientaron al Ministerio Público investigar penalmente a los involucrados.

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