Jiménez no quiere “inmiscuirse” en caso de Rancho Grande
Gloria Picón y Luis E. Martínez
Después de que la alcaldesa designada de Rancho Grande, María Isabel González, puso oídos sordos a la marcha cívica que los pobladores y concejales liberales de Rancho Grande realizaron el pasado martes —exigiendo que llame a sesionar para constituir el Concejo Municipal— los concejales liberales emprenderán una serie de visitas a embajadas y organismos que tienen dispuesto apoyar financieramente proyectos en el municipio para explicarles lo que está sucediendo.
El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Javier Vallejo, manifestó que los concejales liberales están preocupados por el estancamiento que hay actualmente para ser beneficiados con organismos internacionales, que tienen destinado dinero para apoyar a la municipalidad.
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“Ningún organismo va a confiar una ayuda si el Gobierno municipal no está debidamente constituido. El siguiente paso será visitar a embajadas y organismos que tienen en sus proyectos ayuda para explicarles lo que sucede, para que estos concejales (liberales) puedan decir ‘no está’ en nuestras manos, sino que está en manos del Frente sandinista y de su alcaldesa que los proyectos se lleven a cabo”, indicó Vallejo.
Mientras tanto, el jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, habría señalado el día de la protesta (martes) que lo que buscan los liberales es sembrar el caos, porque según él hay instituciones a las que pueden recurrir.
Sin embargo, Vallejo aclaró que la institución correspondiente gracias a la autonomía municipal es la misma Alcaldía. “La máxima autoridad normativa es el Concejo Municipal, que no ha sido constituido porque la alcaldesa no quiere quedar en desventaja”.
Según Vallejo, recurrir al Consejos Supremo Electoral es improcedente, porque ya fueron juramentados y las instituciones como el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal son de apoyo, no son vinculantes.
MANIPULAN FIRMAS
Los concejales liberales (12 en total) acusaron a los sandinistas de manipular las firmas de los concejales de la administración anterior para poder acceder a las transferencias municipales.
Entre otros requisitos para el trámite anual de la transferencia, la Ley de la materia exige, antes del 15 de febrero de cada año, la liquidación del presupuesto del año inmediato anterior, informe de la ejecución física-financiera anual del Plan de Inversión Municipal y la programación del uso de las transferencias para el año en curso. Esos documentos deben ser autorizados por el Concejo, que en el caso de Rancho Grande, sigue sin ser constituido.
Juvencio Antonio Calderón Rodríguez, secretario del Concejo saliente, aseguró que nunca firmó un supuesto informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos del año pasado, exigido por la Ley de transferencias municipales para el desembolso de fondos.
Según el ex concejal liberal, los orteguistas buscaron a los concejales salientes y “les dijeron que era un informe que tenían que dejar firmado y por eso los concejales firmaron”. Calderón se negó aduciendo que “toda toma de decisión del Concejo que no conste en el libro de actas no tiene ningún valor legal ( ) entonces me mandó una nota amenazándome con la Contraloría y que iba a caer en juicios penales”.
Ahora, el documento que Calderón se negó a firmar “apareció con una firma” sobre su nombre, pero aclara que “es firma repetida”.
En el documento, sobre el nombre de la ex concejal sandinista, Ana Julia Martínez Rodas, aparece una firma parecida a la que está sobre el nombre de Calderón y este señala que presuntamente es la de Juan de Dios Blandón, quien era el suplente de Martínez.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
