Pedro J. Chamorro B.
Las pretensiones totalitarias del gerente del ente descentralizado Telcor, ingeniero Orlando Castillo, de “legislar” por encima de los derechos constitucionales mediante la publicación de un “acuerdo administrativo” que ordena a los operadores de telecomunicaciones, “en función del bien público, someter a la aprobación de esta autoridad reguladora el nombramiento de sus directores y/o gerentes generales, de informática, sistemas y jefes de seguridad”, es inaceptable y como bien afirmó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri Chamorro, no debe ser acatada.
La función de este ente descentralizado no puede ir más allá del control técnico del espectro radioeléctrico para que las emisoras de radio o televisivas, no invadan las frecuencias de otros medios, o para que el espectro radioeléctrico, que es de carácter nacional, no sea utilizado por personas no autorizadas, que no cuenten con la debida licencia de operación.
De eso, a decidir por medio de un simple acuerdo administrativo quién o quiénes deben ser los gerentes de las empresas privadas de telecomunicaciones es una violación flagrante a los derechos constitucionales que establecen el derecho a la libre empresa y únicamente las juntas directivas de las mismas tienen la potestad de nombrar a su personal administrativo.
Ni siquiera la Asamblea Nacional puede legislar sobre eso, a menos que en dos períodos legislativos se reforme la Constitución y se le otorgue a Telcor las potestades totalitarias que pretende arrogarse por medio de un simple “acuerdo administrativo”.
Lo que sí es potestad de Telcor, como bien lo señalaba el empresario de televisión Mariano Valle en una reciente entrevista, es que de acuerdo a los derechos establecidos en el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, debe vigilar para que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo.
No obstante, en lugar de cumplir con este mandato constitucional, Telcor se ha hecho de la vista gorda y más bien ha avalado el acaparamiento de varios medios televisivos por el empresario mexicano Ángel González y por el grupo económico de la familia gobernante que, con la excepción del Canal 12, han convertido el espectro televisivo de señal abierta en Nicaragua, en un verdadero duopolio.
Es decir, Telcor no solo invade atribuciones que no son de su competencia, sino que no cumple con las propias, ni siquiera las más básicas.
El “acuerdo administrativo” de Telcor equivale a que el Cosep emitiera un acuerdo que obligue al presidente a presentar al organismo empresarial, para su aprobación, los candidatos a los diferentes cargos de ministro y entes descentralizados. El presidente se reiría de tal pretensión, si apenas hasta hace unos meses decidió enviar a la Asamblea Nacional la lista para su debida ratificación, que sí estaba obligado a hacer constitucionalmente desde hacía ya rato.
Ante esta pretensión insólita de Telcor, con su acuerdo 005-2013 la reacción del sector privado, representado en el Cosep y su presidente José Adán Aguerri Chamorro, ha sido muy valiente y acertada: “No vamos a acatar”. Si Telcor no rectifica, que todavía está a tiempo, además de no acatarse, se debe de recurrir por inconstitucionalidad.
El autor es diputado
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
