Las inversiones que Nicaragua proyecta traer al país este año podrían verse amenazadas por el Acuerdo Administrativo 005-2013, emitido por Telcor.
En el mismo, se manda a las empresas de telecomunicaciones a someter a aprobación del ente regulador a sus directores y/o gerentes generales, directores y/o gerentes o jefes de informática o de sistemas y directores y/o gerentes o jefes de seguridad, “en función del bien público”, según el diputado Agustín Jarquín.
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Jarquín considera “contradictorio” que, por un lado, el Gobierno intente vender a Nicaragua como un país atractivo para las inversiones y que, por el otro, emita un acuerdo que causaría “pánico” a cualquier empresario que tenga la vista puesta en el país.
El diputado estima que las autoridades cometieron un error al no reunirse primeramente con todos los sectores afectados para explicar las características propias del acuerdo y consultarlo antes de su emisión.
Ahora, según el legislador, la relación que los empresarios han tenido con el Gobierno podría verse afectada por esta medida que se ha considerado una “intromisión” de parte de Telcor a las empresas privadas de telecomunicaciones del país.
Si los empresarios decidieran no acatar el acuerdo, como manifestó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, entrarían en “rebeldía”, dijo Jarquín.
Pero recomienda que se utilicen las vías legales existentes y que busquen al poder judicial para recurrir de amparo.
“El llamado del Cosep, que es razonable, debería ser atendido por el presidente Ortega”, declaró Jarquín. La disposición fue considerada como inconstitucional por parte del sector privado nicaragüense.
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