Gloria Picón Duarte
Álvarez indica que la presencia del miembro del Poder Ciudadano como representante del Gobierno en la negociación no legaliza la renuncia que los mineros hicieron aún cuando este fuera una autoridad.
Álvarez indica que una protesta por los derechos económicos y sociales es una demanda que en un país medianamente democrático hubiera tenido acogida por parte del Gobierno, sin embargo ha ocurrido todo lo contrario y las personas han sido reprimidas por la Policía, el Ministerio Público y el propio poder judicial.
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Para el experto en derecho constitucional Gabriel Álvarez, el hecho de que un miembro del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) haya participado en la firma de los acuerdos que buscaban la libertad de 36 mineros (12 detenidos y 24 huyendo), que el pasado 9 de febrero fueron reprimidos por la Policía Nacional tras una protesta en Santo Domingo, Chontales, es algo grave para los derechos no solo de los mineros, sino de todos los ciudadanos.
Álvarez explica que un CPC no tiene ni la investidura ni la acreditación de autoridad, por tanto no puede actuar en nombre del Gobierno. Agrega que la única lógica es que esa persona está cometiendo un delito al estar usurpando funciones o, peor aún, que el gobierno mismo esté promoviendo ese tipo de actos delictivos.
“Eso es más grave, porque el Gobierno estaría desestructurando las instituciones constitucionales al no nombrar los órganos que según la Constitución deben estar nombrados, porque están creando estructuras paralelas y luego vamos a tener jueces paralelos, policías paralelos, esto es totalmente ilegal”, resaltó el experto en derecho constitucional.
Los mineros manifiestan que los acuerdos fueron firmados en la oficina del CPC, Lenín Gutiérrez, en los cuales el “operador político” se comprometió a permitir la libre movilización del municipio.
DETERIORO DEL ESTADO DE DERECHO
“Hay que ver si el propio Gobierno está creando un gobierno paralelo y por eso no integran los propios poderes legítimos del Estado, porque quiere que los nicaragüenses nos hagamos la idea de que lo que dice la Constitución no vale y que las estructuras paralelas que están creando son las que verdaderamente van a ejercer el poder”, opinó Álvarez.
Álvarez agrega que la detención de los mineros, que en este caso protestaban por sus derechos sociales, económicos y ambientales contra la minera B2Gold, es una escalada más en el proceso de deterioro del Estado de Derecho de Nicaragua, donde ha quedado en evidencia la instrumentalización de la Policía Nacional, que se ha prestado para reprimir a la población cuando estaba ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, a la crítica y a la participación.
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