William Aragón Rodríguez
El próximo 3 de abril será la preliminar del juicio contra siete personas señaladas de ser las presuntas responsables del colapso de una microfinanciera en Somoto.
La fecha fue fijada por la juez Rosa Edelmira Ruiz López, del Juzgado del Distrito Penal de Audiencia, a casi dos años de que más de 1,502 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Económica RL, de Somoto, en Madriz, recibieran la mala noticia de que esa microfinanciera cerraba sus puertas porque había entrado en inevitable quiebra y que por sus ahorros nadie respondería.
Aparentemente, aunque la microfinanciera ya estaba en quiebra, los directivos seguían recibiendo ahorros de los socios y desviándolos a la cooperativa de Ocotal.
[/doap_box]
La judicial confirmó que el 25 de febrero recibió el escrito elaborado por el Ministerio Público de Madriz, donde acusa a las siete personas por los delitos de hurto, uso y administración fraudulenta de los ahorros de los 1,502 socios de la Económica RL.
Algunos abogados que representarán a los socios de la quebrada cooperativa y que omitieron sus nombres, confiaron que entre las señaladas en el expediente de la Fiscalía, al cual ya han tenido acceso, figuran Cristian Arauz Betanco, exadministradora, y Celsa Dolores Betanco, expresidenta del Consejo de Administración, y quien es madre de Cristian.
Además de Claudio Chavarría y Francisco Martínez, exmiembros del Consejo de Administración. También habrían incluido a Francisco Humberto Morales, esposo de Cristian Arauz.
Humberto Morales era quien al parecer movía dinero de la cooperativa de Somoto, en Madriz, hacia la financiera de la ciudad de Ocotal, en Nueva Segovia, misma que también llevaron a la quiebra y pretendieron reactivarla usando los fondos de los socios somoteños, dijeron algunos encargados de recuperar el dinero de los ahorrantes.
LA PRENSA buscó la versión de algunos de los señalados en el expediente del Ministerio Público, pero no se localizó a ninguno, incluyendo a la señora Cristian Arauz. Tampoco se conoció quiénes serían los abogados que los representarían en el caso.
Julián Espinoza, asignado por los afectados para recuperar los fondos de la quebrada cooperativa de la ciudad de Somoto, dio a conocer en una ocasión que la microfinanciera había cerrado operaciones el 12 de mayo del 2011, cuando la gerencia, presidida por Cristian Arauz, la habría llevado ya a la quiebra.
LA PRENSA intentó conocer sobre la elaboración del expediente del caso con el fiscal departamental del Ministerio Público, Juan Carlos Silva Pozo, quien reaccionó incómodo y dijo que si queríamos información la buscáramos en Managua.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
