En diciembre del año pasado expuse en un artículo de opinión que la primera prueba de fuego para la ansiada unidad de los partidos, que adversan al régimen de Ortega, sería la elección de los nuevos funcionarios en el Estado, para sustituir a los que de manera ilegal se quedaron en sus cargos, violentando la Constitución Política de Nicaragua. También advertí que el orteguismo sacaría en el momento que considerase oportuno esta carta para menguar los esfuerzos de unidad de la denominada oposición. Y precisamente surge este tema a propósito que se están realizando esfuerzos, como el movimiento que surgió en Ciudad Darío, así como de dirigentes políticos por la unidad.
Dichas elecciones se harán antes del receso parlamentario y se perciben tres posturas de la clase política. La primera es que el orteguismo debe elegir solo con su aplanadora, porque si participa la Bancada Democrática Nicaragüense sería legitimar al gobierno inconstitucional. La segunda, es que no se deben “dejar espacios vacíos” y que por tanto deben ocuparlos sin importar que sean nombrados los diputados. Y finalmente, está la tesis que para despartidarizar el Estado se deberían nombrar a profesionales de la sociedad civil.
Esta discusión es precedida por la ratificación de parte de la Asamblea Nacional con 83 votos a favor, de los funcionarios públicos del ejecutivo que, según la Constitución, debió ser tres días después de los nombramientos y no años después como lo hizo Ortega. Esta conducta, según analistas políticos, fue interpretada como el compromiso previo para que la denominada oposición tenga sus plazas en la futura elección de nuevos funcionarios en el Estado.
A pesar que algunos diputados sostienen que el régimen actual pretende retomar el cauce de la institucionalidad, la pregunta obligada es ¿qué ganaría la denominada oposición con uno o dos cargos en el Consejo Supremo Electoral? Absolutamente nada. Pero, algunos consideran conveniente nombrar a un profesional que conozca bien el tema y que tenga las agallas de enfrentar a los orteguistas en el poder electoral. ¿Cómo enfrentarlos si no tendrían acceso a información y seguramente no serían invitados a las reuniones? Los periodistas podrán cubrir sus denuncias que le violan sus derechos como magistrado. Los periodistas podrían cubrir unas tres veces dichas denuncias, pero después ¿qué sentido noticioso tendría? Ninguno. Como los nicaragüenses tenemos memoria corta, se nos olvida el trato que recibieron los presidentes departamentales del PLI en las pasadas elecciones municipales, donde el FSLN les colocó un director administrativo que los anuló completamente. Ni las secretarias les hacían caso. Seguramente no sería diferente en el CSE.
LA PRENSA, en un excelente editorial, recordó el comportamiento de la clase política de agarrar algo en la repartidera de cargos mediante pactos y advirtió que los pactos son la tumba de la oposición. Sin embargo en Asamblea Nacional vemos a diputados defendiendo su derecho a ocupar cargos de magistrados en vez de estar coordinando con otros sectores, de la vida nacional, acciones conjuntas en las calles para presionar realmente al Gobierno a retomar el camino a la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho.
Pero la realidad es que tenemos un remedo de oposición carente de liderazgo, a la medida del régimen inconstitucional, incapaz de poder capitalizar la abstención de más de 50 por ciento en las pasadas elecciones municipales, donde reside verdaderamente la oposición.
Recordemos que para todos los sectores del país la verdadera oposición está en la abstención, de acuerdo con los resultados de las pasadas elecciones municipales y que según expertos en materia electoral dicha abstención osciló entre el 54 y 70 por ciento, enviando un claro mensaje a la desacreditada clase política del país.
Winston Churchill decía que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pero en Nicaragua abundan los políticos que solo velan por su interés personal pensando en elecciones y obtener cargos públicos para sus allegados. El autor es periodista
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