La versión circuló insistentemente a fines del pasado año: en marzo el chileno José Miguel Insulza renuncia a la Secretaría General de la OEA. No se ha podido confirmar si se trata de una noticia con fundamento o solo es una expresión de deseos de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las libertades y de mucha gente que defiende la democracia, que habrían echado a correr la versión con la esperanza de apurar la salida de alguien que ha cumplido una deficitaria, por no decir desastrosa gestión al frente del organismo interamericano.
Hay quienes ubican el momento, si es que se da, tras la Asamblea General de Cancilleres convocada para el 22 de marzo. Una reunión clave en la que podría asestarse uno de los más duros golpes a los derechos y libertades de los ciudadanos del continente.
Los ministros habrán de tratar medidas para limitar las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su Relatoría para la Libertad de Expresión. Si tal desatino prospera, será seguramente bajo una engañosa carátula que dice algo así como: “medidas para el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos de defensa de los DD. HH.”. Qué menos. Y a nadie puede extrañarle, por cuanto sabido es que las leyes que restringen la libertad de expresión se llevan adelante “para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos”. De la misma manera que cuando se anuncia “una democratización del poder judicial”, lo que se pretende es someter a tribunales y jueces a la voluntad del ejecutivo y del mandamás de turno. Por una “democratización judicial” de ese estilo clama todos los días y seguramente la tratará de llevar adelante la presidenta argentina Cristina Kirchner, quien debe mirar con mucha envidia el poder que tienen en ese campo sus colegas Chávez y Correa.
En la citada reunión de cancilleres se corre el peligro que prospere una iniciativa impulsada por Correa con el apoyo de los países “bolivarianos”, destinada a maniatar a la Comisión y la Relatoría, para que no puedan controlar y denunciar las tropelías contra los derechos ciudadanos de esos gobernantes. Correa y sus socios han sido extremistas en sus afanes, como siempre, y también como siempre el secretario de la OEA ha cumplido la triste tarea de darle forma y “lavar” un poco la cara de las propuestas, pero sin afectar la esencia. Insulza habla de condicionar la actuación de la CIDH, de manera que en sus investigaciones atienda los planteos y reclamos de los gobiernos, que los informes que realiza no puedan emitirse con inmediatez y sin cierta revisión previa y se restrinja su facultad para disponer medidas cautelares. Esto es, la deja tuerta, manca y coja. En esas condiciones puede salir a competir en cualquier pista de atletismo, sin esperanza de llegar a meta alguna; se aseguraría así que no habrá riesgo de que pongan en descubierto las continuas violaciones a las libertades y derechos que se cometen en muchos países.
Si semejante retroceso para el continente se concreta no solo será por causa de los países del Alba, también una gran responsabilidad cabe a Argentina que ha empezado a mirar para otro lado y particularmente a Brasil, “molesto” por haber sido observado por la Comisión a raíz de una represa que pasaba por encima cualquier resguardo ambiental. Al imperio no le gusta que se metan en sus cosas. No menos responsabilidad, quizás más, le corresponde a gobiernos como los de Santos de Colombia, Piñera de Chile, Humala de Perú, el nuevo gobierno mexicano, los que deberían poner una valla a esos intentos y no optar por “lavarse las manos”. En cuanto a Insulza si efectivamente se va y si efectivamente se dispone dejar sin garantías a los ciudadanos americanos, sin duda ese sería el “broche” más apropiado para el cierre de su gestión. El autor es periodista uruguayo, expresidente de la sociedad interamericana de prensa, SIP.
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