Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La regularización sigue siendo una odisea para miles de inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica debido a sus trámites engorrosos, a pesar de ciertas facilidades brindadas por las autoridades migratorias de este país entre el año pasado e inicios de este, las cuales ya caducaron.
Para obtener un permiso laboral en áreas como servicio doméstico, agrícola o de construcción; el interesado debe aportar a Migración y Extranjería 13 documentos diferentes; encontrándose en cada trámite larga horas de filas en las instituciones y hasta desinformación.
La presidenta de la Trabajadoras Domésticas (Astradomes), Rosita Acosta, explicó que las penurias que viven las servidoras domésticas para legalizarse no son solo en instituciones como Migración y Extranjería, sino la falta de voluntad de muchos patronos en otorgarle una carta que indique la relación laboral, seguro social y la constancia de ingresos económicos; requisitos que deben aportar.
A esto se suma el alto costo de llamadas de un call center de migración para solicitar citas, donde el usuario no siempre es atendido por la saturación del servicio.
Para ser atendido y cumplir con todos los requisitos, un usuario puede pasar días, semanas y hasta meses; debido a la saturación. Eso hace que el costo total del trámite aumente, sobre todo al momento de cumplir con el requisito de visa vigente, el cual se logra viajando a Nicaragua y visar en el consulado tico.
El director interino de Migración, Freddy Montero, reconoció el caos que se viven al momento de solicitar un permiso de trabajo y hasta una cédula de residencia, pero asegura son casos aislados causados por desinformación de los inmigrantes.
Adelantó que esta semana habrá edecanes brindando información en los pasillos de esta dependencia, mientras que el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó que a mediados de año habrá 60 oficinas de correos en todo Costa Rica para recibir trámites migratorios.
El tema obtiene mayor relevancia debido a que Costa Rica aplicará a los extranjeros a partir de abril, una multa de cien dólares por cada mes de estancia irregular dentro de su territorio.
Aún sin entrar en vigencia, esta multa contemplada en la ley migratoria, asusta a nicaragüenses y patronos que ahora exigen residencias o permisos laborales para poder dar empleo a extranjeros.