Se dice que la falta de credibilidad de los partidos políticos de oposición y el desprecio que la gran mayoría de los ciudadanos siente hacia ellos, según lo que se deduce de las encuestas, es consecuencia de que no se preocupan por los problemas reales de la gente común. En cambio, el Gobierno de Daniel Ortega, directamente y por medio de sus organismos satélites atiende los problemas y necesidades de las personas pobres, o al menos aparenta y dice atenderlos.
A los políticos opositores se les critica por sus constantes pleitos intestinos motivados por intereses personales y de grupo, porque carecen de programas y estrategias y solo dan importancia a asuntos políticos que no le interesan al pueblo, como la elección de los altos funcionarios del Estado en la Asamblea Nacional y el nombramiento entre ellos de miembros de la oposición.
Esta crítica es válida en cuanto a que los partidos políticos opositores están obligados a presentar propuestas de solución a todos los problemas sociales que atañen directamente a la gente. Por ejemplo, para combatir y reducir el desempleo mediante la creación de puestos de trabajo productivos y permanentes; para resolver la crisis del Seguro Social sin perjudicar a los asegurados; para prevenir y combatir plagas como la roya del café ante la cual el Gobierno de Ortega muestra una completa ineptitud; para que los servicios de salud y educación pública además de gratuitos sean dignos, eficaces y sin discriminaciones; para que la economía crezca no solo cuantitativamente sino también en calidad, diversificación e incremento de la productividad para que pueda haber una mejor retribución salarial, etc.
Pero la oposición también debe preocuparse por la calidad de las instituciones, que han sido prostituidas por el régimen orteguista. Un error no se corrige con otro error. La falta de interés de los políticos por los problemas comunes de la gente y la ausencia de propuestas de solución alternativas a las políticas del Gobierno, así como la dedicación exclusiva a asuntos estrictamente políticos, no se corrigen con el abandono de la lucha por la decencia institucional y la defensa de la Constitución.
La gente que ha sido embobada por el populismo orteguista, seguramente no entiende pero de alguna manera habrá que hacerle comprender que la calidad institucional es primordial incluso para la satisfacción de sus necesidades materiales más elementales; que la pobreza está directamente relacionada con la erosión institucional, y al revés, que el progreso y la riqueza dependen de la buena calidad de las instituciones. Lo cual significa que los poderes del Estado sean independientes; que la función pública se ejerza de manera profesional, sin preferencias políticas ni discriminación partidista; que la administración pública sea transparente; que las instituciones como el Consejo Supremo Electoral sean integradas por personas honorables o sea todo lo contrario de lo que es el régimen actual.
La calidad institucional es un elemento esencial de la democracia y renunciar a ella o ponerla en segundo plano, significa renegar de la propia identidad democrática y convertirse en lo mismo que se pretende cambiar.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
