Rezaye Alvarez M.
La Ley establece que la prohibición del buceo para pesca comercial sería válida tres años después.
En el 2011 las empresas y pescadores dijeron no estar listos para enfrentar la normativa por lo que la Asamblea Nacional aprobó la prórroga y dispuso como fecha de entrada en vigencia el próximo 22 de febrero.
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A menos de un mes de la entrada en vigencia de la Ley 613 que prohíbe la pesca de langosta mediante la técnica de buceo “es necesaria una prórroga”, aseguró la antropóloga Xochilt Hernández, investigadora del Instituto Nitlapan.
Según Hernández, a pesar de que han transcurrido seis años desde la aprobación de la Ley “no se puede cambiar una práctica económica que ya lleva décadas”.
Para Juan Samuel Sims, presidente de la Fundación Nica Global, que aborda temas de medioambiente y derechos humanos, es necesaria la intervención de varias instituciones para la reconversión ocupacional.
Sin embargo, existen dificultades como el bajo nivel académico de los buzos, ya que según Jadder Lewis, biólogo que trata temas de gobernanza en territorios indígenas, “menos del 50 por ciento ha concluido la primaria y menos del 20 por ciento la secundaria”.
Para Lewis, bajo este contexto, “la gente se arriesga” a ejercer un oficio como este (buceo), que en el corto plazo genera ingresos mensualmente muy por encima del salario mínimo y que es neto.
Los tres especialistas insisten en la necesidad de reforzar la inserción a otros tipos de mercados, Sims ejemplificó la posibilidad de implementar la crianza de camarón, cangrejo y hasta la misma langosta, de esta manera los buzos podrá emplearse sin realizar mayores esfuerzos.
En días pasados, la diputada Elízabeth Enríquez aseguró que la última información que poseen es que el plan de reconversión laboral tiene un costo de 23 millones de dólares.
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