La primera y más necesaria reforma que requiere el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) es que sus autoridades no sean puestas por el ejecutivo, sino que sean nombradas por un amplio consenso entre los trabajadores y ratificados por la Asamblea Nacional (AN), es decir, que su lealtad sea con los que cotizan y no con quien esté al frente del gobierno de turno.
Solo así, con funcionarios independientes y profesionales, tendremos a un INSS que no permitirá que el Estado le preste a los trabajadores y use los fondos de retiro como “caja chica” de préstamos del rey. En adición, debería de ser prohibido por una Ley expresa, que vamos a promover en la Bancada Democrática, que los fondos para el retiro de los trabajadores no se utilicen para otros fines, que para los que fueron cotizados por trabajadores y empleadores.
La Ley debería de contemplar también un mandato a los gobiernos municipales y el gobierno nacional para que paguen al INSS el dinero que le deben, e ir incorporando abonos a sus presupuestos del 2013 y en adelante, aunque sea en “abonos suaves”, pero en un plazo no mayor de cuatro años para que al finalizar este Gobierno la deuda quede saldada.
Dicha deuda es de alrededor de 620 millones de dólares: los 600 de la deuda de las cotizaciones no pagadas y los 20 millones que el INSS le “prestó” al Gobierno para hacer frente a la emergencia de la epidemia de la gripe H1N1 hace un par de años y ahora nadie responde por esos fondos, lo que sí es seguro que ya deberían haber regresado a las arcas del INSS. En adición, el INSS debe recuperar la cartera que ha prestado a otras instituciones con el IPSM para proyectos de viviendas y otros que han sido ampliamente divulgados en los medios.
Por otro lado, si el INSS luego de haberse resarcido de estos fondos (que no son nada despreciables) o por lo menos incorporar a su flujo de caja dicho ingreso gradual por mandato de ley, sigue mal y el Gobierno para “salvar” el INSS de su propia debacle considera que debe haber una reforma que incremente o duplique el número de cotizaciones de 750 a 1,500 y eleve la edad de retiro de 60 a 65 años, no solo debe decirlo claramente y razonar el porqué, sino que debe consultarlo ampliamente con toda la sociedad antes de introducir la iniciativa a la AN.
Esta es una ley demasiado importante y afecta a demasiada gente, particularmente a los trabajadores del sector de empleos formales, para que pase a la ligera o con “trámite de urgencia” o “semiurgencia” como ha sido la mala práctica con otras leyes trascendentes que ha impulsado el Gobierno, como la Reforma Tributaria.
Una consulta a los afiliados y cotizantes del INSS debe tomar forma incluso de una encuesta profesional a todos los afiliados, para que no sean únicamente los trabajadores organizados o politizados en las asociaciones oficialistas los que opinen, sino todos los afiliados que al fin de cuentas serán afectados.
No es populismo, si queremos salvar el INSS debemos revertir el desangre financiero que ha sido objeto en los diferentes gobiernos y prohibir por ley expresa que siga siendo usado como caja chica por los gobiernos de turno.
El autor es diputado.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
