Gabriel Tellería
El otro día escuchaba un debate sobre si existe o no el Estado de Derecho en Nicaragua. Una de las personas argumentaba con plena convicción que “por fuerza” tiene que haber Estado de Derecho en Nicaragua, porque de no ser así no hubiera paz, auge económico, aval de la comunidad internacional ante el gobierno actual, y más importante, el respaldo rotundo del pueblo de Nicaragua que está, según él, viviendo sus mejores tiempos. Mi reacción ante tan burda evaluación fue de asombro, al ver cómo un supuesto doctor en leyes pudiera basar su argumento en parámetros que tienen poco que ver con la ley. Este debate me estimuló a reflexionar un poco sobre el tema.
Nicaragua no es un Estado de Derecho sino una tiranía popular, financiada con petrodólares, préstamos y donaciones de los organismos internacionales, y avalada por organizaciones arbitrarias (cuya legitimidad es debatible) entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA). Según el profesor Guillermo O’Donnell, de la Universidad Notre Dame, “un Estado de Derecho se constituye cuando los actores privados y públicos están regulados por la ley y actúan ante la misma; es decir, que actúan secundum legem , conforme con lo prescrito por una legislación dada, bajo el principio fundamental de la supremacía de la ley (Guillermo O’Donnell, La irrenunciabilidad del Estado de Derecho , 2001).
El concepto del Estado de Derecho, conocido en otros idiomas como Rechtsstaat (alemán), état de droit (francés), y Rule of law (inglés), no son totalmente universales. Sin embargo todos comparten el pensamiento universal: la ley es suprema.
En una república constitucional (la cual Nicaragua es supuestamente) la ley es suprema (o por lo menos así debería de ser) y por ende, la constitución es suprema; al contrario con el caso de la democracia, en la cual la voluntad del pueblo es suprema. Sin embargo, muchos políticos y autodenominados “politólogos” hablan de democracia y república como si fueran sinónimos, y aun más, muchos en sus discursos, escritos, o entrevistas, aclaman por más democracia.
Democracia y república no son sinónimos. En la democracia, la mayoría es omnipotente y por lo tanto, el individuo o facción que no pertenece a la mayoría no tiene protección alguna contra el poder ilimitado de la mayoría. Al contrario, la república protege los derechos individuales y de la minoría mediante un sistema de gobierno representativo cuyos poderes están limitados por una ley suprema: la Constitución.
Un pueblo omnipotente (característico de una democracia) es tan peligroso como un tirano. Después de todo, ¿qué diferencia hay entre ser oprimido por una persona o un millón… si al final perdemos nuestros derechos individuales, o el derecho de pensar y expresarnos libremente sin represión alguna, o de escoger libremente a nuestros gobernantes? Tiranía es tiranía, venga de una persona o un millón.
James Madison, autor principal de la Constitución de los Estados Unidos , escribió en el Federalista 10: “Una democracia pura (entiéndase directa) no ofrece cura alguna para la malicia de las fracciones. Una pasión o interés común será compartido por la mayoría, y no hay forma de contener los incentivos para sacrificar al partido más débil. Por esta razón, las democracias siempre han sido incompatibles con la seguridad personal o el derecho de la propiedad; y han sido, en general, tan cortas en su vida como violentas en su muerte”. (James Madison, The Federalist Papers, Federalist #10, 1787)
Retomando uno de los argumentos del debate sobre si existe o no el Estado de Derecho en Nicaragua, puede ser que la paz reine y la economía nicaragüense florezca; y que Nicaragua goce del aval de organismos internacionales o de la comunidad donante; y los niveles de inversión pueden alcanzar niveles sin precedentes. Pero ninguno de estos podrá evidenciar la existencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. Mientras la ley no sea suprema ante un tirano, o ante la tiranía de una mayoría omnipotente, no habrá Estado de Derecho. Y al no haber un Estado de Derecho, tampoco habrá libertad verdadera. La libertad solo es posible cuando la ley es suprema, condición que solo en la república puede ofrecer.
El autor es Doctor en Administración Pública y profesor en la Escuela de Políticas Públicas y Administración de Walden University, Estados Unidos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
