En los primeros dos días de enero el Congreso norteamericano y la Casa Blanca aprobaron una ley que evitó que el país cayese en el ahora famoso “precipicio fiscal”. Con esta acción el precipicio dejó de ser noticia. Pero la amenaza de algo mucho más dramático —una catástrofe fiscal en Estados Unidos— podría darse durante los 45 días entre el 15 de febrero y finales de marzo. Abajo vemos los detalles del problema.
Los Estados Unidos se ha manejado de una manera fiscalmente imprudente por una década. Desde 2002, el Gobierno Federal ha operado con diez déficits fiscales consecutivos que desde el inicio de la Gran Recesión de 2007 han alcanzado niveles preocupantes. En 2009, por ejemplo, el déficit fiscal fue igual al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense. Aunque últimamente la magnitud del déficit anual ha ido bajando, sigue siendo preocupante. En 2012 alcanzó US$$1.1 billones, igual al 7 por ciento del PIB.
El Gobierno Federal ha financiado estos déficits endeudándose. La deuda pública estadounidense recientemente alcanzó el techo de US$$16.4 billones fijado por ley en agosto de 2011. Ya supera el PIB norteamericano. Una deuda pública de este tamaño y con estos niveles de crecimiento es insostenible y peligrosa.
Fue precisamente para disciplinarse fiscalmente que en agosto de 2011 —al mismo tiempo que se aumentó el techo de endeudamiento— el Congreso y el presidente Obama se autoimpusieron, por ley, una camisa de fuerza financiera obligándose a comenzar a domar el déficit fiscal. La meta era disminuirlo en US$$4 billones en una década y se dieron hasta el 31 de diciembre de 2012 para acordar US$$540 mil millones en recortes de gastos y aumentos de impuestos para lograr la meta mayor. Dicho de otra manera, el Gobierno estadounidense se dio 507 días para darle forma a un programa de austeridad. Y al no poder diseñar y aprobar ese programa a tiempo, se provocó el “precipicio fiscal”.
Lo acordado en la ley de comienzos de enero fue aumentar los impuestos de los norteamericanos en US$$620 millones. Y aunque estos aumentos impositivos fueron vendidos como solo afectando los ricos (definidos como aquellos que ganan US$$400,000 o más anualmente) la verdad es que la vasta mayoría de los contribuyentes pagará más en impuestos. Se estima, por ejemplo, que una familia de clase media tendrá que aportar US$$1,000 más al fisco.
Por otro lado, la reciente ley no solo no redujo a los gastos del Gobierno Federal, ¡los aumentó! Es decir, el inicio del ajuste no fue balanceado a como se preveía y hubiera sido deseable. Además, la ley incluye exoneraciones para poderosos intereses como los productores de películas, el lobby de los agricultores, y generadores de energía eólica que tienen 20 años de recibir subsidios. Esta práctica de añadir confites financieros a proyectos de ley —ocultándolos, en este caso, en una ley de 157 páginas— para asegurar su aprobación es una antigua modalidad en Norteamérica y es conocido como “pork”, una palabra que en español se traduce como puerco. Pork es la comadrona, el aceite que lubrica las ruedas del parlamento estadounidense.
La ley de inicios de enero fue como ponerle una cura y darle una aspirina a un paciente en cuidados intensivos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad técnica del parlamento estadounidense, la ley no solo no reducirá el déficit en US$$4 billones en 10 años, sino que lo aumentaría en US$$3.9 billones. Como que si esto fuera poco, la aprobación de más impuestos sin reducir gastos envenenó aún más al ya polarizado ambiente político en Washington. Se vio como un triunfo para los demócratas y el presidente Obama, y como una humillación para los republicanos cuya mantra política es reducir impuestos y recortar el tamaño del Gobierno. En Washington la retórica partidaria está al rojo vivo y es un secreto a voces que los republicanos, que controlan la Cámara Baja del Congreso, buscarán el desquite. Y pronto tendrán tres herramientas para ajustar cuentas y lograr los recortes presupuestarios que anhelan.
Estas herramientas incluyen las necesidades legales: (i) de ampliar el techo de endeudamiento a mediados de febrero; (ii) de recortar automáticamente, y sin establecer prioridades, de US$$110 mil millones en gastos militares y civiles. La fecha límite para estos recortes, que son parte de la camisa de fuerza fiscal que el Gobierno aprobó en 2011, es marzo 1; y (iii) de aprobar antes del 27 de marzo una resolución en el Congreso que permitirá al Estado financiarse ya que Estados Unidos tiene más de tres años de no aprobar un presupuesto. De no votarse esa resolución, el Gobierno se verá obligado a cerrarse por falta de recursos.
Llegar a un acuerdo sobre estos tres puntos requerirá de un Gran Entendimiento, para el cual el apoyo de los republicanos es obligado. De no lograrse este pacto, las consecuencias serían enormes para la armonía política y la economía estadounidense y, por ende, para el mundo. Recordemos que tan solo el debate acrimonioso para aumentar el techo de endeudamiento en 2011 ocasionó gigantescas pérdidas en las bolsas del mundo y le costó a Estados Unidos su rating crediticio de AAA. Esta vez, un fracaso tendría al menos las mismas consecuencias y probablemente abortaría la débil recuperación económica que la Unión Americana pareciera estar experimentando. Podría, incluso, provocar una crisis constitucional si el presidente Obama intenta subir el techo de endeudamiento sin la aprobación del Congreso. Estos 45 días serán dramáticos ¡Y podrían ser catastróficos!
El autor fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos.
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