Desde la independencia de España, Colombia se ha distinguido como un paradigma de legalidad. Pero la intransigencia de la clase dirigente colombiana al negarse a reconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia, está a punto de dar al traste con tan ejemplar trayectoria llevando a su país por el peligroso camino de la ilegalidad.
El gobierno de Juan Manuel Santos enfrenta tres grandes desafíos. En primer lugar, alcanzar la paz con la guerrilla garantizando perdón y participación política de gente que ha secuestrado, robado y asesinado, incluyendo actividades criminales del narcotráfico. En segundo lugar, satisfacer las demandas de tierras y reparación de daños a los campesinos y toda una serie de aquiescencias que surjan a medida que el proceso de paz avance. Por último, aceptar el fallo de La Haya que reintegra a Nicaragua una vasta proporción de su plataforma marítima. Ambos temas están dividiendo a los colombianos porque gran parte de lo sociedad no está de acuerdo con las concesiones a la guerrilla y otra parte no se logra reponer del golpe que ha significado regresar a sus legítimos dueños una gran porción del mar Caribe.
En estas condiciones el periodo de transición para normalizar las relaciones entre nuestros dos países no será fácil, sobre todo porque estamos saliendo de una prolongada ocupación económica-naval que obligará a Nicaragua a trabajar a marcha forzada en algunos temas de soberanía ante las inquietantes posiciones erráticas del gobierno y de la clase política colombianas.
En primer lugar debemos oficializar una vocería única debidamente asesorada para hacer declaraciones sobre este tema. No se puede por ejemplo usar el término de derechos históricos de pesca de los sanandresanos porque no existen tales derechos. Nicaragua estaba ocupada en su plataforma por un país extranjero y eso no convertía las acciones de los interventores en derechos históricos.
Si queremos ser pragmáticos tenemos que admitir que aunque por el momento no tenemos la capacidad suficiente para impedir que barcos colombianos pesquen en nuestras aguas, estamos en condiciones de derecho para exigir que cualquier embarcación que lo haga pague por hacerlo. En San Andrés operan empresas pesqueras que capturan miles de toneladas de langosta y pescado con un valor de decenas de millones de dólares anuales, como La Antillana que produce siete millones, King Crab, Wave Runner y otras grandes cooperativas. No debiéramos prohibirles que pesquen pero hay que cobrar por ello como lo establecen todas las legislaciones pesqueras en muchos países. Es un principio de incuestionable legalidad y hay que regularlo tan pronto sea posible.
Simultáneamente, debemos buscar flotas pesqueras extranjeras como la española, por ejemplo, que vengan a faenar en esas aguas con licencia de las autoridades nicaragüenses previo establecimiento de un plan de ordenación de los recursos pesqueros y sistema tarifario. Esto tendría varias ventajas: primero, estaríamos ejerciendo soberanía como algo consuetudinario. Segundo mantendríamos “habitado” nuestro espacio marítimo y tercero se podrían dedicar fondos para desarrollar la Costa Atlántica de Nicaragua.
Parte de esos recursos también deberían destinarse a mejorar y ampliar nuestra marina de guerra con nuevas escuelas y más inversión en naves y pertrechos. Esto no solo para proteger nuestra integridad territorial sino también para combatir al narcotráfico procedente de Colombia.
El autor es académico y exembajador ante Colombia en dos oportunidades.
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