Elízabeth Romero
La política pública diseñada para la aplicación de la Ley 779, Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres, por parte de una comisión interinstitucional encabezada por la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, no fue consultada entre todos los sectores de la sociedad como fue anunciado en su momento.
La directora de los centros de atención a mujeres violentadas Acción Ya, Martha Munguía, criticó que las consultas fueron realizadas únicamente entre grupos afines al Gobierno y no de forma amplia. Munguía dijo que esa organización participó en las mismas porque en Estelí, donde está uno de los centros, sus funcionarias acudieron pese a no ser invitadas. Para que hubiese una consulta amplia —dijo Munguía— se necesitaba de un diseño metodológico, lo cual no hubo.
[/doap_box]
Desde su experiencia con los centros de atención, Munguía propuso que las autoridades le den seguimiento a las mujeres que acuden a las Comisarías de la Mujer a denunciar que sufren violencia.
Por ejemplo, observó la diferencia existente entre la cantidad total que el año pasado denunció algún tipo de violencia doméstica y las que iniciaron un proceso judicial. Según las Comisarías de la Mujer más de 130 mil mujeres recurrieron a las Comisarías, pero solo 23 mil formalizaron una denuncia.
La especialista considera que todas las denunciantes son potencialmente futuras víctimas de femicidio, así como de violencia grave, dado que actualmente están en sus casas sin ninguna protección.
Apuntó que la mayoría de femicidios fueron cometidos por exparejas. “En Nicaragua firman con sangre su odio hacia las mujeres”, sostuvo Munguía, quien plantea que la comunidad debe ser educada sobre ese tema y que debe establecerse una caracterización de agresores.
Ella lamentó que las Comisarías ya no hacen referencia de las denunciantes a los centros de mujeres, donde ellas creen que tienen la capacidad para orientar a las víctimas y prevenir hechos más violentos en los hogares.
Entre octubre y diciembre del año recién pasado, las Comisarías solo remitieron a dos víctimas a los dos centros con que cuentan, pese a que tienen capacidad para atender a 30 mujeres al mes.
La directora de Acción Ya estimó que cuando la mujer acude a una Comisaría es “como que lanza un grito de auxilio”.
Munguía aconseja que las autoridades deben revisar a los funcionarios que designan para atender este tema, pues “en Nicaragua los operadores de justicia tienen un concepto excesivamente tradicional de la familia”.
Ella señaló que en las Comisarías siguen sin aplicar medidas precautelares y, según comentan las denunciantes, las oficiales hasta inciden y atemorizan: “Ya sabés, si vas a poner la denuncia no vas para atrás, ya sabés que si cae preso te quedás sin la manutención”.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
