La semana pasada comentaba cómo resulta ventajoso para una sociedad tener un régimen político institucionalizado de tal manera que es aceptado por todos los miembros de la misma, no solo porque es lo que la mayoría desea sino también porque esas mismas instituciones se encargan de hacer respetar los derechos de las minorías, que no por el hecho de serlo deben vivir sometidas al escarnio y el avasallamiento.
El comentario venía a colación por la incertidumbre que ha creado la grave enfermedad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tanto en su país como en los gobiernos satélites de ese régimen, principalmente Cuba y Nicaragua.
Si el sistema imperante en Venezuela estuviera institucionalizado y regido por leyes y normas aceptadas por todos los venezolanos, la posibilidad de la desaparición física del presidente Chávez —aunque no podría evitar la tristeza y sufrimiento de quienes le tienen verdadero cariño—, sí evitaría la angustia y la incertidumbre que surge cuando un régimen depende de un “hombre fuerte” y no de un cuerpo de leyes.
Pero la institucionalidad no solo sirve en los temas, digamos, macro sino que sirve para temas más específicos que permiten a las personas conocer el terreno que están pisando y saber que sus destinos, sus disputas y sus problemas no dependen de un capricho o del deseo o conveniencia de quien tenga más poder o influencia.
Podemos recurrir de nuevo a un ejemplo internacional que nos toca muy de cerca y que incluso este régimen —que gusta de pasar por encima de las leyes y las normas—, ha celebrado. Hablo del fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia que claramente fue muy beneficioso para Nicaragua porque nos sacó de la “piscina” a la que nos tenía restringidos la armada colombiana que no nos dejaba pasar del meridiano 82.
Si la Corte Internacional de Justicia de La Haya no fuera una institución seria y respetada que trata de dar a cada quien lo suyo y se rigiera por los caprichos de un gobernante o por las influencias de los más poderosos, claramente Nicaragua no solo hubiera entrado a ese juicio en desventaja sino que no hubiera habido forma de ganarle a Colombia, un Estado más rico y poderoso que podía mover sus influencias a su favor.
Es evidente que no solo Nicaragua como Estado y los nicaragüenses en general, sino el mismo presidente inconstitucional Daniel Ortega ha sacado réditos de la institucionalidad y no solo porque la CIJ ha dado a cada quien lo suyo sino porque con esa decisión ha garantizado la paz entre dos Estados y permite planificar el desarrollo económico de esa región.
Bien haría el señor Ortega en entender entonces las ventajas de tener un sistema judicial que garantice la aplicación de las leyes sin que las cosas dependan de su capricho, sus intereses o los intereses de poderosos, dejando en la indefensión a los más débiles.
La falta de institucionalidad en el sistema judicial no solo perpetúa la injusticia sino que es un caldo de cultivo para la violencia al cerrar la puerta a soluciones pacíficas que todas las partes respeten y además detiene el desarrollo económico, ya que la inseguridad no permite planificar ni anima a nadie a invertir.
Algunos podrán alegar que en la Nicaragua actual, aunque no hay un sistema judicial respetado, las inversiones están viniendo, pero quienes eso alegan no toman en cuenta dos cosas. Primero que —como dije al principio— el sistema que se sostiene por la voluntad o capricho de una persona (como aquí o en Venezuela) es frágil y no es sostenible en el tiempo ya que en el mediano o largo plazo tiende a derrumbarse. Y segundo, que la inversión que estamos viendo actualmente obedece a una serie de factores sobre los que no tenemos control y así como hoy están mañana pueden no estar.
Lo que garantiza la institucionalidad entonces es la confianza que puede tener cualquier ciudadano de que las cosas van a ser de acuerdo a lo que dicen las leyes y las normas, una y otra vez. Y eso garantiza tanto la paz como el crecimiento sostenible y sostenido.
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