Josué Bravo
Corresponsal/Costar Rica
Fiscalía de Probididad y Transparencia de Costa Rica apeló la libertad condicional de tres empresarios constructores de la carretera fronteriza paralela al río San Juan, sospechosos de cometer el supuesto delito de prevaricato tras señalamientos de corrupción en la apertura de la vía.
Los empresarios con Geovanni Baralis, David Castillo y Johnny Muñoz; a quienes una jueza del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, les ordenó impedimento de salida del país y la obligación de firmar cada 15 días.
Ellos fueron detenidos la semana pasada junto con el director del Consejo Nacional de Vialidad, Carlos Acosta y los técnicos de esta institución, Manuel Serrano y Miguel Ramírez.
Contra Acosta el Ministerio Público no apeló su libertad pero sí pidió impedimento de salida del país, al ser considerado el testigo clave del caso. Mientras que Ramírez y Serrano descuentan desde la semana pasada 5 meses de prisión preventiva.
Hoy el Juzgado Penal de Hacienda definirá el futuro judicial de los 6 sospechosos con medidas cautelares, dado que los abogados defensores de Serrano y Ramírez apelaron la prisión preventiva.
En una entrevista al diario local La Nación, Acosta explicó que “este no fue un proyecto normal de carreteras, este fue un proyecto de guerra, esto es lo que la gente no ha entendido, a nosotros nos lo plantearon como un proyecto de guerra”.
Añadió que los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores, ordenaron construir la carretera a 50 metros del río y a 5 metros de la línea de mojones que fija la frontera entre los dos países.
