Leandro Marín Abaunza
Como vicecanciller de Nicaragua, en 1969, expliqué a mis alumnos de la UCA que los cayos en el Atlántico nicaragüense son propiedad exclusiva de Nicaragua y que se debe denunciar el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra y luchar para que nuestra soberanía no sea menoscabada por Colombia.
Posteriormente en declaraciones a LA PRENSA del 23 de junio de ese mismo año amplié dichos conceptos manifestando que los cayos del archipiélago de Quitasueños son nicaragüenses por encontrarse dentro de la plataforma continental de Nicaragua. La posición que así expuse en 1969 fue la primera vez que Nicaragua se pronunció contra el ominoso Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, suscrito mientras Nicaragua estaba ocupada militarmente por tropas norteamericanas. En 1969 el canciller Lorenzo Guerrero y yo como vicecanciller verbalmente y por notas de protesta demandamos a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos abstenerse de realizar actos contra nuestra soberanía en nuestro territorio insular y la plataforma continental nicaragüense. El encargado de Negocios estadounidense, Robert White, presentó un Aide-Memoire manifestando que el tratado suscrito entre su país y Colombia “en forma alguna perjudica el reclamo nicaragüense sobre esos bancos o cayos” agregando que “el Tratado de 1972 no cede ni reconoce derechos de soberanía sobre esos territorios” y que “la cuestión de derechos soberanos sobre la plataforma continental de Nicaragua no eran parte del tratado y que el objetivo clave del tratado de 1972 (the key purpose) era extinguir el reclamo de los Estados Unidos preservado a través del acuerdo de 1928 con Colombia”. Con esta afirmación fue la primera vez que Estados Unidos manifestó por escrito ante Nicaragua una posición acorde con el principio que un tratado entre dos países no pueden por sí mismos, ni conferir derechos y obligaciones a terceros que no son parte de dichos tratados conforme la máxima jurídica “ pacta tertiis nec nocent nec prosunt ”.
En febrero de 1980 el canciller de la Junta de Gobierno de Reconstrucción, padre Miguel D’Escoto, en una política de continuidad con anteriores gobiernos, denunció el infamante Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928. Durante la Administración de doña Violeta Chamorro se manifestó otro ejemplo de continuidad en la política exterior de sucesivos gobiernos en el recinto de la UCA, donde centenares de estudiantes escucharon al vicecanciller conservador de doña Violeta, doctor Edmundo Castillo; al canciller del gobierno sandinista, padre Miguel D’Escoto, y yo como vicecanciller en la década de los sesenta, exponer las acciones de nuestros gobiernos contra las contumaces pretensiones colombianas sobre nuestros derechos insulares y en la plataforma continental nicaragüense.
En diciembre de 2001 el canciller del gobierno liberal del doctor Arnoldo Alemán Lacayo, doctor Francisco Aguirre Sacasa, interpuso una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, reclamando a Colombia la soberanía de Nicaragua sobre los territorios insulares a los que tiene legítimo derecho. La Corte pronunció concediendo a Nicaragua el 75 por ciento y a Colombia el 25 por ciento de las áreas litigadas. Esta sentencia constituye una de las más grandes victorias diplomáticas de Nicaragua en toda su historia. Fue una egregia demostración de lo que los nicaragüenses podemos lograr cuando actuamos con un fecundo espíritu de patria cuando se trata de defender nuestros derechos territoriales contra cualquier clase de expansionismo neocolonialista.
El autor es abogado. Ex vicecanciller y excanciller por la ley. Embajador y exministro de Gobernación y de Educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A