El reciente fallo del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, que puso fin de manera definitiva e inapelable al diferendo entre Colombia y Nicaragua a propósito del establecimiento y la delimitación de la frontera y los espacios marítimos entre ambos países, ha dado lugar a una reacción diametralmente opuesta en las dos partes involucradas. Mientras por un lado Nicaragua, desde el primer momento, aceptó la decisión del alto tribunal internacional, no obstante que la sentencia no satisfizo la totalidad de sus aspiraciones, la respuesta del gobierno colombiano, por boca del presidente Santos, fue un altanero desafío no solo a la autoridad de la Corte de La Haya sino también a la comunidad internacional, al negarse rotundamente a acatar el fallo, que sin embargo le reconoció soberanía sobre siete cayos del Mar Caribe, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya pertenencia a Colombia la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había confirmado en su anterior sentencia de 2007 al declarar la validez del Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928.
El desacato de Colombia a la autoridad del máximo órgano de la justicia internacional, según lo estable la Carta de las Naciones Unidas (art. 92), representa una grave amenaza al derecho internacional, sobre todo para los pequeños países que no cuentan con los medios para hacer valer sus derechos en respuesta al uso de la fuerza. Representa igualmente un peligroso elemento de inestabilidad para la comunidad internacional, al poner en entredicho la santidad y el respeto de los tratados y compromisos internacionales sobre los cuales se fundamenta la convivencia pacífica entre los Estados.
Colombia no solamente se ha negado a reconocer el carácter definitivo e inapelable del reciente fallo de la CIJ, sino que haciendo uso de la fuerza militar ha invadido el espacio marítimo soberano adjudicado por la Corte a Nicaragua, lo que constituye una amenaza real a la paz y la seguridad de la región y contraviene lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de la ONU (Acción en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión ), que obliga al Consejo de Seguridad a tomar cartas en el asunto para mantener la paz (Art. 39), y a recomendar o decidir medidas que no impliquen el uso de la fuerza (Art. 41). En caso que dichas medidas no sean adecuadas, podrá decretar el uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales (Art. 42).
El gobierno colombiano, faltando al solemne compromiso adquirido al momento de someter la controversia a la Corte, en el sentido de acatar su decisión, no se ha contentado con desconocer la validez del fallo del 19 de noviembre de 2012, sino que adelantándose a futuras acciones o reclamos de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o ante la propia Corte Internacional de La Haya, se ha apresurado a denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (1948), también conocido como pacto de Bogotá, por cuyo Art. XXXI las partes contratantes reconocen la jurisdicción de la CIJ en las controversias de carácter jurídico que surjan entre ellas. Con esta apresurada decisión, Colombia parece haber “olvidado”.
a) que el propio Pacto de Bogotá establece, en su Art. LVI, que la denuncia surte efecto un año después de efectuada, y
b) que dicha denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.
Además, aun en el caso del retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, efectivo a partir de noviembre de 2013, el país sudamericano, en tanto que Estado Miembro de las Naciones Unidas, está sometido ipso facto al Estatuto de la CIJ, según lo establece el Art. 93 de la Carta de San Francisco, mientras que el Art. 94 inciso 1 dispone que cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la CIJ en todo litigio en que sea parte. ¿Estará acaso Colombia, en su desesperación, considerando denunciar también la Carta de las Naciones Unidas y retirarse de la Organización para evadir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales? No hay precedente en los anales de la ONU.
De manera que esta atolondrada decisión de Colombia no la exime en absoluto de acatar estrictamente la sentencia de la CIJ, a la que podrá recurrir, en casos muy específicos contemplados en el Estatuto de la Corte, para solicitar la aclaración o interpretación de algún punto o puntos de la sentencia del 19 de noviembre. Lo que corresponde es que Colombia reconozca la plena validez del fallo y busque, mediante conversaciones con el Gobierno de Nicaragua, la mejor manera de aplicar todas las disposiciones de la decisión intervenida.
Los medios de comunicación informaron del breve encuentro (20 minutos) que sostuvieron en México, el pasado 1º de diciembre, los jefes de Estado de Colombia y Nicaragua en ocasión de la reciente toma de posesión del nuevo presidente azteca. Este primer contacto entre ambos mandatarios es un buen comienzo, pero Nicaragua debe tener muy claro que no puede ceder ante las pretensiones de Colombia de aceptar únicamente las partes de la sentencia que la benefician (soberanía sobre los cayos) y rechazar aquellas que favorecen a Nicaragua (establecimiento de la frontera marítima, plataforma continental y zona económica exclusiva). Una eventual negociación entre ambos países debería hacerse al menos sobre las siguientes bases:
a) el reconocimiento por Colombia del carácter definitivo e inapelable del fallo de la CIJ en todas sus partes y
b) la buena disposición de Nicaragua de sentarse a conversar con Colombia acerca de la mejor manera de aplicar las decisiones de la Corte de La Haya en beneficio de la población de ambos países en los diversos ámbitos (navegación comercial, pesca artesanal, mecanismos de consulta, etc.).
Es lo que corresponde a un país —Colombia— que se dice respetuoso del derecho internacional. El autor es diplomático, fue embajador de nicaragua en chile
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