Recientemente British Petroleum (BP) llegó finalmente a un acuerdo para pagar USD 4.5 billones en multas y otros castigos, aceptando declararse culpable como empresa hasta de 14 cargos criminales relacionados con la explosión, que hace ya dos años, terminó con la vida de 11 trabajadores y que produjo el derrame más grande de la historia, el de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. inferencia
El caso es inédito, no solamente por lo astronómico de las multas, sino por el hecho singular que, al igual que una compañía era acusada criminalmente —ahora sus ejecutivos, no los tradicionales chivos expiatorios del más bajo nivel— tienen ahora responsabilidades penales en el caso.
El gobierno de EE.UU. y su agencia investigadora afirmaron categóricamente que la negligencia de BP llevó a la tragedia, y lo más grave, el haber pretendido engañar a las autoridades cubriendo y desinformando sobre la gravedad del derrame, tanto al Congreso como a sus propios accionistas, quienes vieron desaparecer su inversión en una cuestión de semanas.
Se estima también que las penalidades adicionales pueden —bajo esta modalidad— llegar hasta 21 billones adicionales, por la gravedad de los cargos y lo rotundo de las pruebas existentes —incluyendo ahora hasta mensajes de texto— que apuntan a que dicho accidente es una pieza de colección de una cultura organizacional que privilegia la producción ante todo, no importando el costo humano o ambiental que resulte como consecuencia de un accidente. Es el azote de la codicia vs la prudencia operacional. Es el fenómeno de la degradación del ser humano a una simple pieza descartable.
La empresa se ha venido abajo no solamente en las bolsas de valores, sino también, experimentado un colosal terremoto ético y de relaciones públicas, el cual es materia de estudio hoy en día en las universidades más prestigiosas del mundo; el marketing ambiental utilizado como engaño, una antología de malas prácticas para implosionar a una empresa; una compilación selecta de antivalores expuestos al sol.
Las ya tradicionales declaraciones de lamento de sus máximos ejecutivos, han sonado otra vez vacías e hipócritas, debido sobre todo, a que el accidente en la mencionada plataforma solamente fue lo más reciente de una larga pasarela de eventos terribles, como fue la explosión de la Refinería de Texas City, con 15 trabajadores muertos y más de 170 heridos (2005) y el desastre ambiental de Prudhoe Bay, en Alaska (2007), siendo el récord del mayor derrame de un oleoducto en esas prístinas tierras, entre otra miríada de situaciones.
Tres importantes ejecutivos están ahora acusados de homicidio en conexión con cada una de las 11 personas que murieron, señalando las autoridades que hubo groseras negligencias en la supervisión de los trabajos realizados, dentro de una filosofía organizacional en donde la Seguridad Operacional era despreciada o inexistente.
Al menos dos inferencias útiles: la primera tiene que ver con el músculo cada vez más poderoso de la presión pública y las organizaciones comunales, que se organizan al amparo de la ley para exigir justicia efectiva, sino que se ha dado el rompimiento de un esquema en el cual el Big Oil —las grandes petroleras— eran vistas como entidades dirigidas por personas que estaban por encima del bien y el mal, cuyas decisiones y omisiones personales, estaban fuera del escrutinio o juzgamiento de las autoridades, por ser parte de una estructura estratégica intocable que propulsa los engranajes de le economía.
El fallo hizo añicos esa aura de impunidad estableciendo un precedente importante en esa otrora sacrosanta industria, para que ahora sean llevados a juicio y condenados todos aquellos responsables de accidentes fatales y ambientales, respondiendo personalmente por las decisiones tomadas vis-a-vis las leyes y regulaciones de seguridad y ambientales.
Los contratistas Transocean y Halliburton, también con responsabilidades en el accidente, esperan su turno para rendir cuentas civiles y criminales, incluyendo responsabilidades a nivel personal para sus ejecutivos.
La otra inferencia es que este fallo tendrá sus efectos visibles inmediatos, en las exigencias que las compañías globalizadas harán a sus afiliadas en los países donde operan, no importando el tipo de legislación local, debido al ahora carácter universal de la aplicación de las leyes, y será esta también un área de exposición que los directivos de estas empresas saben que estarán sujetos a responder, no solo civilmente —en la ficción jurídica de ese ente expiatorio y conjetural llamado empresa o corporación— sino, en el ámbito personal, hasta lo más elevado de sus jerarquías, puesto que los modelos organizacionales simplemente reflejan los valores y prácticas promocionadas por sus más altos directivos.
Ojalá un día pueda decirse que esta jurisprudencia internacional pueda sentar precedentes en nuestros países, pero para empresas de todo tamaño y bandera, en donde hoy —en países con honrosas excepciones— las responsabilidades por accidentes originados por negligencias criminales, se olvidan, o son amañadamente sesgados absurdamente como “culpa de los equipos, herramientas o condiciones inseguras” además de otras pirotecnias verbales de directivos y leguleyos a sueldo, donde las muertes y lesiones invalidantes suelen arreglarse entre las partes, bajo la tutela y contubernio de jueces venales quienes consideran “saludable” este tipo de arreglo, dentro de una visión extremamente denigrante del derecho, que solamente sirve para perpetuar y justificar conductas criminales cuyas consecuencias tienen una etiqueta de precio, —como cualquier artículo de supermercado— y que mantiene un andamiaje de impunidad que es una escalera dorada para el que puede pagar. El autor es consultor en Seguridad Industrial.
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