Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
Los seis sospechosos detenidos ayer por supuesta corrupción al construir una carretera fronteriza con Nicaragua, permanecen aún en las celdas del II Circuito Judicial de San José sin que el Ministerio Público aún solicite prisión preventiva en su contra; informó el Poder Judicial.
Será hasta mañana viernes a partir de la 1:30 de la tarde, cuando se realice una audiencia oral y privada en el Juzgado Penal de Hacienda de esos tribunales, para resolver la solicitud de medidas cautelares gestionada por Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción.
Los detenidos fueron el ex director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta; los dos ingenieros encargados de la obra, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, así como los empresarios Giovani Baralis, David Castillo y Johnny Muñoz; a quienes se les sigue causa por el delito de peculado, al integrar un grupo de crimen organizado, según el fiscal General, Jorge Chavarría.
El Conavi, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fue la responsable de abrir 160 kilómetros de carretera a orillas del río San Juan, sin estudios ambientales ni planos para construirla. La obra empezó a destruirse durante el invierno por falta de puentes y alcantarillas, entre otros errores.
El abogado defensor, José Miguel Villalobos, representante de cuatro de los sospechosos, indicó que se opondrá a que la medida preventiva sea prisión para sus clientes.
Peculado, es un delito que atribuye cárcel de 3 a 12 años a funcionarios públicos o particulares que distraiga dinero o bienes cuya custodia o administración le fue confiada a razón de su cargo.
Según la fiscalía, los empresarios constructores le pagaron una fiesta a los tres funcionarios estatales en n centro nocturno de San José, hasta por un valor cercano a los 5 mil dólares (de acuerdo con el tipo de cambio actual), un viaje a Estados Unidos y un tour de placer en helicóptero.
Además, detectaron irregularidades como realización de obras “en las cuales se aumentaron las horas de trabajo de las maquinarias, maquinaria que no trabajó, maquinaria que aparece con reportes de estar trabajando en dos sitios a la vez, etc, etc”.
De modo que la fiscalía investiga el trabajo no realizado por las compañías de los empresarios, las cuales recibieron cuantiosos contratos; así como trabajos realizados en otras obras para las cuales no fueron contratadas.
Esta carretera de 160 kilómetros de longitud, empezó a construirse a inicios del 2011, meses después de que Costa Rica se quejara por supuesta invasión nicaragüense por el dragado en la desembocadura del río San Juan.
De continuar su construcción, la obra podría terminar costando más de 130 millones de dólares y no unos 40 millones de dólares, como lo anunció con bombos y platillos el gobierno de Laura Chinchilla.
