MARTHA VÁSQUEZ
Una improvisada conferencia de prensa del vocero judicial, Roberto Larios, terminó con graves señalamientos al gremio periodístico expresando: “…no dudamos que los narcotraficantes han intentado y siguen intentando aquí en Nicaragua penetrar los medios de comunicación. No dudamos que los narcos estén pagando para la producción de este tipo de publicaciones”, dijo refiriéndose a una nota publicada por el periodista Ismael López, del semanario Confidencial, en la que describió la conversación del cónsul mexicano con el defensor de los narcos mexicanos, como un “simple saludo”, contrario a lo dicho en una nota de los juzgados.
Hasta el momento las autoridades policiales, únicas autorizadas a investigar, no han referido que narcotraficantes hayan intentado penetrar a los medios de comunicación nicaragüenses, a como lo afirmó Larios, expresidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua.
– Como los defensores de los procesados por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, no propusieron testigos ya que su defensa consistirá en refutar la presentada por la Fiscalía, el juicio puede avanzar a los alegatos finales.
– De esta manera el juez Edgar Altamirano estará listo para emitir el fallo de culpabilidad o no de los imputados y por qué delitos son señalados.
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Sin embargo, si la Policía tiene archivos o pesquisas sobre periodistas que de una u otra forma tienen o han tenido vínculo con el consumo o transportación de drogas u otro delito conexo, debe darlo a conocer. Al parecer, Larios habla con conocimiento de causa.
La solemnidad del juicio que se lleva contra los 18 mexicanos que se identificaron como periodistas de Televisa, en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, fue interrumpida el martes pasado de forma sorpresiva dos veces por el vocero del poder judicial.
JUEZ NO EXIGIÓ RESPETO
El juez Edgar Altamirano no exigió respeto ni para él ni para los presentes. Pacientemente aguantó el bullicio de las entradas y salidas de los camarógrafos y periodistas que se movilizaban para cubrir la conferencia de prensa improvisada por Roberto Larios.
Esta vez no hubo la advertencia de siempre: “Si salís no volvés a entrar”, que ponen las autoridades judiciales para controlar la entrada y salida continua de los asistentes al juicio.
La razón del llamado a conferencia fueron las reacciones provocadas por una nota de prensa publicada por la oficina de prensa de los Juzgados donde señalan al cónsul de México en Nicaragua, Germán Munguía Mier, de estar “asesorando y asumir una posición beligerante a favor de los procesados”.
“Yo aproveché un momento de receso que dio el juez para hacer mi conferencia, lo que sucedió después fue que cuando se había reanudado el juicio llegó la comisionada Glenda Zavala y algunos periodistas se salieron y se armó un cierto ruido allí que suspendió brevemente el juicio”, dijo Larios.
El vocero sostiene que fueron “los abogados de narcos” quienes empezaron aprovechando un receso para “atacar a la periodista” que escribió la nota. “Si los abogados lo hacen por qué la institución no va a hacerlo”, agregó Larios.
El cónsul ha optado por no referirse a los señalamientos, solo se limitó a decir que ya informó a sus superiores y serán ellos los que hablen, pero hasta ayer se desconocía la posición diplomática.
Larios sostiene que el funcionario mexicano violó el permiso que le concedieron como observador del proceso porque le advirtieron que no tenía que hablar con nadie que fuera parte del proceso, durante el juicio. “Los recesos son parte del juicio, no es que te vas a tu casa y el cónsul tardó diez minutos hablando con el abogado”, dijo Larios.
NO ES POSICIÓN OFICIAL
Por su parte, la magistrada de facto y presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos, minimizó la trascendencia del caso y dijo que había una “gran diferencia entre un comunicado institucional y una nota de prensa”.
“Nadie ha hecho un reclamo diplomático. Fue una nota de prensa, la dirección de prensa de la CSJ saca todas las notas que quiera, de todo lo que advierte o ve en los juzgados, no ha sido una posición oficial de la Corte Suprema de Justicia ni del poder judicial”, dijo Ramos.
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