Con la llegada al poder en el 2007 del entonces presidente constitucional Daniel Ortega Saavedra, la estela de corrupción que habían heredado funcionarios de los gobiernos anteriores siguió su ritmo, incluso, a niveles más escandalosos, lo cual en pocos meses se empezó a notar en las distintas actividades de la familia presidencial, sus súbditos, amigos y familiares.
Este mal tan dañino ha corroído a todos los niveles de las estructuras del Estado, al punto que ahora es “normal” ver, saber o conocer que un funcionario público no rinde cuentas de los recursos que no son de él y que están bajo su administración, mientras los dizque contralores no son más que oportunistas que devengan jugosos salarios —por no hacer su trabajo— con una serie de beneficios que salen de los impuestos que pagamos los nicaragüenses.
Desde que el contralor general de la República, Guillermo Potoy Angulo y los auditores que conformaban un buen equipo de trabajo para hacer prevalecer la transparencia de los recursos públicos, iniciaron esa ardua labor en los años noventa, en Nicaragua se vino avanzando en la cultura de la rendición de cuentas, a pesar de las zancadillas que daban los que tenían el poder político, económico, judicial y militar. Esta actitud le costó el puesto a Potoy.
Y así sucesivamente se había venido construyendo poco a poco el hábito de que cada funcionario público rindiera cuentas de lo que administraba. También se promovió que a través de su Declaración de Probidad diera a conocer con qué bienes y/o recursos económicos entraba al cargo público y con qué o cuánto salía.
Pero desde 2007, la transparencia en la administración pública ha vuelto a un estado primitivo donde nadie sabe nada hasta que estallan los escándalos, mientras las cosas en el país siguen como que nada, al contrario, se pregona que estamos bien económicamente sin importar una serie de daños como los que ocasiona la corrupción.
Este mal en los últimos tiempos se ha profundizado en el último eslabón de la administración pública (o en el primero, depende como se quiera ver): la Alcaldía.
Resulta que después del fraude municipal en las elecciones del 2008, los alcaldes elegidos por el voto popular y los que se robaron las alcaldías alterando los resultados a su favor, asumieron el cargo sin que públicamente se conocieran las declaraciones de probidad.
En el caso de los alcaldes que se volvieron a reelegir ilegalmente, tampoco se conoció públicamente —como debería ser por respeto a los electores— que hayan dado a conocer con cuánto entraron al cargo en el 2009 y con cuánto saldrán en el 2013, antes de asumir nuevamente el puesto.
Tampoco los contralores hacen el mínimo esfuerzo porque el pueblo conozca las declaraciones de probidad de los funcionarios municipales, amparándose en que son estos últimos quienes deben autorizar esa información. Es decir, el pueblo paga los salarios y demás beneficios de contralores, alcaldes y vicealcaldes, para que se le oculte las gestiones transparentes o no de los servidores públicos. Y esto sigue inalterable y no pasa nada.
En cada municipio del país los pobladores saben quién es quién en una Alcaldía. Saben si los funcionarios públicos en un período de cuatro años tienen capacidad para adquirir nuevos bienes, como casa, terrenos o finquitas, vehículo, o incluso, si sus hijos estudian en colegios o universidades privadas.
El problema no es que no puedan obtener estos bienes y darse un nivel de vida bueno, el problema es que siendo funcionarios públicos no se apeguen a la Ley y no rindan cuenta de su administración a la Contraloría General de la República (CGR). Pero especialmente es al pueblo que los eligió que tienen que decirle por qué aumentaron sus bienes muebles e inmuebles y/o capital, o por qué disminuyeron. Es ante el pueblo que tienen que rendir un informe detallado y demostrar con documentos legítimos la transparencia de sus hechos.
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