Eduardo Ulibarri
¿Para qué sirven las declaraciones que emiten las reuniones de alto nivel de la ONU?
De muy poco, si el propósito es generar impacto inmediato en el terreno. De mucho, si las abordamos por lo que son: conjuntos de principios, aspiraciones y compromisos destinados a focalizar prioridades, redefinir agendas, impulsar decisiones y legitimar eventuales acciones.
La jerarquía especial de esos encuentros surge, esencialmente, de tres factores: la representación nacional generalmente la asumen presidentes, primeros ministros o cancilleres; la discusión se concentra en temas a los que se les asigna particular importancia, y el resultado casi siempre se refleja en un documento aprobado por consenso, que adquiere así valor universal.
Todos estos factores coincidieron el 24 de septiembre pasado en la “Reunión de alto nivel sobre el Estado de derecho en los planos nacional e internacional”, a la que asistieron más de treinta gobernantes y otros altos representantes de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.
Por su carácter relativamente especializado, y porque la atención mundial en ese momento estaba concentrada en la tragedia de Siria, la actividad pasó casi inadvertida. Sin embargo, su relevancia es indudable, y será creciente conforme los países potencien el contenido de la Declaración emitida, para que sus 42 párrafos se conviertan en letra viva y establezcan un punto de referencia mínimo para fortalecer la vigencia y vigor del Estado de derecho en cada país y en la conducción de las relaciones internacionales.
La Declaración no es tan robusta, explícita y visionaria como muchos deseábamos, pero resultó mucho más amplia, avanzada y detallada de lo que parecía posible al inicio las negociaciones, que tomaron cuatro meses.
El texto, por ejemplo, no incluye un listado coherente y explícito de los principios y componentes del Estado de derecho. Sin embargo, tal vacío está parcialmente cubierto por elementos mencionados en otros párrafos de la Declaración.
Se omite una mención expresa a la necesidad de que los parlamentos, generadores de legislación y protagonistas del control político, sean democráticos y representativos. Tampoco se enuncian con suficiente amplitud los requisitos que deben tener las modalidades nacionales de aplicación de la justicia para estar en línea con los principios universales de derechos humanos y el debido proceso.
A pesar de estas y otras carencias menores, los aspectos positivos son mucho más numerosos. Por esto, la Declaración marca un “antes” y un “después” en el compromiso de las Naciones Unidas con el impulso al Estado de derecho.
Por ejemplo, afirma que existe una obligación de acatar la Ley (accountability) por parte de “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado”. Otorga, así, claro respaldo a la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al poder, algo casi imposible hasta ahora en varios países.
Reconoce la interrelación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia; la naturaleza universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el deber que tienen todos los estados de respetarlos “sin distinción alguna”.
Declara que “el Estado de derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente”, lo cual contradice el falaz argumento de que los regímenes arbitrarios son económicamente más eficaces; más aún, proclama que la corrupción “obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo” y vulnera la legitimidad y transparencia de los gobiernos.
A la par de condenar el terrorismo “en todas sus formas”, la Declaración da apoyo a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
La pregunta clave, ahora, es cómo avanzar hacia futuro, para otorgar músculo al esqueleto de la Declaración.
Su penúltimo párrafo abre un camino, al destacar la importancia de proseguir la “consideración y promoción del Estado de derecho en todos sus aspectos”, y de desarrollar, desde la Asamblea General sus vínculos con la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. De tal modo se allana el camino para que el impulso a la legalidad ya no sea visto como un tema especializado, del que solo se ocupan algunas instancias en la ONU, sino como un imperativo de toda la organización, y como un espejo en el cual reflejar la conducta de los estados.
Resultados inmediatos en el terreno no habrá. Pero se han establecido los elementos capaces de generar un entorno político, diplomático y de opinión más propicio para promover el Estado de derecho, con todas sus implicaciones positivas.
El autor es Embajador, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. ©FIRMAS PRESS.
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