El rechazo de Colombia a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre, la cual define la nueva frontera nicaragüense en el mar Caribe, no sería el primer caso de incumplimiento de un fallo de dicho Tribunal favorable a Nicaragua. Cabe recordar al respecto, que Estados Unidos no aceptó la sentencia dictada por la Corte de La Haya el 27 de junio de 1986, ordenándole indemnizar a Nicaragua con una suma que el gobierno nicaragüense de aquel entonces cuantificó en más de 12 mil millones de dólares, por daños causados durante la guerra de la Contra que era financiada por el gobierno estadounidense.
Pero el caso actual de Colombia es distinto. Es cierto que Estados Unidos, por el hecho de ser miembro de la ONU y firmante de su Carta constitutiva automáticamente es parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo EE.UU. desconoció previamente la jurisdicción de la Corte de La Haya en aquella demanda del gobierno sandinista, la cual era más política que jurídica y de alguna manera reflejaba la pugna de las dos superpotencias que se disputaban la hegemonía mundial e hicieron de Nicaragua un escenario de su enfrentamiento global. Además, EE.UU. no es firmante del Pacto de Bogotá de 1948 que obliga a los países suscriptores a someterse a la Corte Internacional de Justicia y acatar incondicionalmente sus resoluciones.
El caso con Colombia es diferente. Aparte de que por ser miembro de las Naciones Unidas Colombia es parte “ipso facto” del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno colombiano reconoció previamente la jurisdicción de La Haya en el conflicto con Nicaragua que fue fallado el 19 de noviembre. De manera que Colombia no tiene ninguna excusa para pretender el incumplimiento de este fallo judicial y Nicaragua tiene plena razón de recurrir a los mecanismos de derecho internacional establecidos en el Pacto de Bogotá, la Carta de la ONU y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de procurar que la mencionada sentencia sea acatada por la parte colombiana.
Sin embargo, también hay que señalar la incoherencia del gobierno de Nicaragua, que justamente reclama respeto al Derecho Internacional en lo que se refiere a la soberanía nacional externa, pero atropella la soberanía interna del pueblo nicaragüense con sus violaciones de la Constitución, el socavamiento de las instituciones democráticas, la falsificación de la voluntad popular mediante elecciones fraudulentas, la criminalización y represión policial de la protesta ciudadana y la imposición de un apartheid político y social en Nicaragua, al tratar a sus partidarios como personas de primera categoría y a los opositores e independientes como ciudadanos de segunda y tercera clase.
La salsa que es buena para el ganso también debe ser buena para la gansa, dicen los abogados, lo cual es cierto. Esto significa que así como la justicia internacional ha restablecido la plena soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, también la soberanía nacional interna del pueblo nicaragüense tiene que ser restaurada y respetada. Esto es indispensable para que la posición del gobierno de Nicaragua en relación con el conflicto con Colombia sea coherente, íntegra, auténticamente nacional y respetable.
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