El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó el pasado 19 de noviembre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que le devuelve a Nicaragua sus derechos marítimos legítimos cercenados por un tratado suscrito el 24 de marzo de 1928 conocido como Bárcenas Meneses-Esguerra. En esa época nuestro país estaba ocupado por tropas de los Estados Unidos de América, lo que no nos permitió defender nuestra soberanía debido a intereses foráneos geopolíticos.
Dicho Tratado fue suscrito en la ciudad de Managua entre Colombia y Nicaragua y trata sobre la soberanía de la Costa de Mosquitos y las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En dicho Tratado quedaron excluidos los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana por estar en la época en litigio entre Colombia y Estados Unidos de América.
Sin embargo, el mandatario sudamericano aceptó convenencieramente la parte de la sentencia de la CIJ que beneficia a Colombia ratificándole su soberanía sobre siete cayos y las islas de San Andrés y Providencia, pero no acepta la delimitación de la nueva frontera marítima que le reconoce a Nicaragua el control y soberanía sobre 100 mil kilómetros cuadrados de nuestros derechos en el Océano Atlántico. Según la sentencia del máximo tribunal de justicia del planeta, el meridiano 82 grados, que era la línea divisoria entre lo que le pertenecía a Nicaragua y Colombia, ahora pasó al meridiano 79 grados.
El presidente de Colombia tiene la obligación de aceptar la sentencia de la CIJ porque su país tiene una deuda gigantesca con el mundo, y en lugar de desafiar las reglas que ordenan el conjunto de naciones, tiene la obligación de preocuparse y ocuparse por el flagelo que su país representa para el mundo, nuestro hemisferio, nuestra región, nuestra estructura social, nuestra niñez y nuestra paz social que hoy se baña de sangre y luto: erradicar las 345 toneladas métricas de cocaína que Colombia produce y exporta, pasando gran parte de esta por Nicaragua como ruta de tránsito, hacia los Estados Unidos de América.
El monitoreo de cultivo de coca realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen confirma que la producción del estupefaciente en Colombia en 2011 fue de 345 toneladas métricas, 1 por ciento menos que lo estimado en 2010. En tanto, según la ONU, el área de cultivo de coca aumentó un 3 por ciento en 2011, a 64,000 hectáreas, con respecto a cifras del 2010, cuando se estimaron 62,000 hectáreas.
Colombia inició en 1999 el denominado “Plan Colombia” cuya inversión supera los 7,500 millones de dólares, destinados a financiar los operativos contra los cárteles de droga; sin embargo, Colombia, un bello y culturalmente diverso país, continúa representando un flagelo para la humanidad, y como si fuera poco el presidente Juan Manuel Santos desafía al mundo pretendiendo desconocer una sentencia del máximo tribunal de justicia, cuando tiene la obligación moral ante el conjunto de naciones y la humanidad de erradicar el cultivo y exportación de drogas cultivadas en su país. El autor es ex Embajador de Nicaragua ante La Haya.
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