Al estar por concluir las formalidades del proceso electoral municipal con la publicación a más tardar mañana, en La Gaceta, de la lista de los que el Consejo Supremo Electoral de facto, bajo las órdenes de la pareja presidencial, decidió eran los electos, ya la maquinaria orteguista empezó a preparar el terreno para su siguiente etapa: realizar reformas a la Constitución Política que vengan a ajustarse a las ilegalidades y abusos que el régimen ha cometido durante los últimos seis años.
El diputado orteguista Mario Valle anunció ayer en LA PRENSA estas reformas limitándose a hablar de las que supuestamente afectarán el área que a él le interesa: el seis por ciento del presupuesto de la República al Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Hay que recordar que Valle es dueño de la Universidad de Managua y desde hace años está intentando recibir una parte de ese porcentaje del Presupuesto que cada año crece y se ha convertido en una jugosa partida que las universidades beneficiadas usan sin ningún control o rendición de cuentas.
Pero más allá de los intereses de Valle, sus declaraciones forman parte del engranaje del régimen ya que constituyen lo que los políticos criollos llaman “lanzar un globito de prueba”.
Aunque el orteguismo pasaría cualquier reforma constitucional en la Asamblea Nacional sin ningún problema al contar con 62 diputados —cuando se requieren 56 para aprobarlas— las declaraciones de Valle pretenden “medir” hasta dónde el régimen puede llegar con las mismas en este momento o cuándo introducirlas.
Valle, bajo un manto de inocencia, pidió que no le preguntaran sobre las reformas políticas, pero sí se aseguró de lanzar el “globito”. “Se van a tocar un montón de temas y el tema educativo es una de las prioridades. Sí van a haber algunos cambios y no me preguntés por los temas (políticos) porque todavía no se han hecho oficiales y no me gustaría aventarme pero sí van a haber cambios”.
Estas declaraciones vienen a complementar un rumor que ya hace un par de semanas la maquinaria había echado a circular sobre si estas reformas serían introducidas antes del fin de este año, o sea, antes de que los diputados se vayan de vacaciones en menos de un mes.
Es factible que el régimen introduzca y apruebe reformas antes del 15 de diciembre y las vuelva a aprobar en enero de 2013, para cumplir con la formalidad de la aprobación en dos legislaturas. Esa puede ser la única duda del régimen, si le conviene más aprobarlas rápidamente o si debe hacer las cosas sin prisa.
Los cambios en los temas políticos, que son en realidad la prioridad del régimen, pueden ser tan profundos como la pareja presidencial los desee pero sin duda van a incluir la reelección indefinida y la formalización de los Consejos del Poder Ciudadano como parte del aparato estatal, además de que aprovecharán para quitar algunas molestias que la Constitución actual, al menos en la formalidad, les causa.
Otro punto que tal vez no tengan decidido es si elegir a los más de 30 funcionarios que actualmente ocupan ilegalmente sus cargos antes de las reformas o ya dentro del nuevo esquema.
De cualquier manera, el régimen tiene la sartén por el mango y sabe hacia dónde debe dar el siguiente paso, que es formalizar el sistema de gobierno absolutista que de facto ejerció antes. Tal vez la única pregunta que tengan es cuándo hacerlo.
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