Joaquín Roy

La Comunidad Iberoamericana: promesa y realidad

En vísperas de la celebración de una nueva cumbre iberoamericana en Cádiz, aprovechando el bicentenario de “la Pepa”, a pesar de sus logros, el proyecto, en lugar de servir para aunar esfuerzos en respaldo de unos valores compartidos, ha servido frecuentemente de foro oportunista para ventilar agendas nacionales o personales (Castro, Chávez). Pero la moderada institucionalización merece el análisis sopesado acerca de su potencial con el fin de resultar más eficiente para conseguir los objetivos iniciales.

El proyecto precisamente se instaló cuando España y Portugal se habían consolidado como socios de pleno derecho en la Comunidad Europea. Ambos Estados se implicaron entonces en una tarea intercontinental como si sirviera de distracción para el tema central de su reinserción en el núcleo europeo del que habían estado vetados durante largas décadas. Justo cuando se nacía el esquema iberoamericano la Comunidad Europea era rebautizada como Unión Europea, mediante el Tratado de Maastricht.

Lo curioso de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, como se llamó en su nacimiento, es que su base no era una variante de la “nación cívica (voluntaria) de Estados/nación”, como había sido el mensaje de la UE, temerosa del nacionalismo intolerante, sino una especie de “supernación cultural”. La historia era su cohesión. Era un contrafuerte en un mundo amenazado por la globalización que desdeña la identidad.

En contraste con la UE, a la mesa iberoamericana se sentaban regímenes dictatoriales como el de Cuba, con democracias impecables como la portuguesa y la costarricense, junto a Estados que cambiaban a sus gobernantes autoritarios por métodos diversos, aunque refrendados por las urnas. Mientras a la UE se debe ingresar con certificado de buena conducta democrática y económica, y se acepta que las peculiaridades culturales, lingüísticas, históricas y de costumbres son tan amplias que se asume la naturaleza de la diversidad, en la Comunidad Iberoamericana se entra por principios de afinidad cultural, y se respetan escrupulosamente las diferencias políticas e incluso económicas.

Lejos de su (re)fundación en 1991 en la primera cumbre de Guadalajara, México, ha desaparecido del discurso oficial el nombre de Comunidad. Aunque fue el gobierno mexicano de entonces el que capturó la iniciativa lanzada por España, el gobierno español de Felipe González estuvo a cargo con la responsabilidad de sostener el entramado en los siguientes años.

El contexto en el que la empresa se enmarcaba era, por parte de España, la inserción de la democracia española en diversas aventuras de integración regional, planes de paz y pacificación, y diversas organizaciones internacionales. El impulso español se fue desvaneciendo en los últimos años del pasado siglo. Se trató de reforzar con una mínima institucionalización mediante una Secretaría permanente con sede en Madrid, y el cargo se otorgó a Enrique Iglesias. Tras diecisiete años de experiencia al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, el veterano funcionario uruguayo nacido en Asturias ha tenido como misión encarrilar una empresa que ha carecido de un diseño bienintencionado pero erráticamente ejecutado en los últimos años.

La deriva a ser mera “cumbre” es un detalle emblemático. Lo que debió ser siempre una versión propia y especial de la Commonwealth Británica y la Francofonía, con protagonismo múltiple y verdaderamente trasatlántico, centrado en los valores históricos y culturales plenamente compartidos, se vio luego secuestrado por vanidades personales, interpretaciones erráticas y selección de una agenda vaga e impráctica.

Se entronizó la cumbritis. Además de su debilidad para estabilizarse, este patrón se insertaba en plena fiebre de cumbres que proliferaban en todo el planeta. Se primó así la provisionalidad por la sistematización de la sustancia. Los retos nacionales y los desplantes personales trocaron la negociación diplomática y el consenso en claros y lamentables enfrentamientos. El uso y abuso desde el exterior para agendas particulares desvirtuaron el destino común.

Los líderes latinoamericanos, que hubieran querido contar con efectivo protagonismo en el futuro, deberían haber tomado la iniciativa y usar esta plataforma como una alternativa más para incluir la agenda de la UE hacia América Latina. La Comunidad Iberoamericana, por lo tanto, debiera haber estado funcionando como el lobby que los países de habla francesa siempre han tenido en los ACP, antes y después del ingreso de las antiguas colonias británicas una vez que la pertenencia de Reino Unido en la Comunidad Europea trocó y expansionó lo que originalmente era básicamente africano.

Pero, se comenzó a detectar una percepción negativa acerca del verdadero potencial del proyecto para superar la imagen de falta de operabilidad, y sobre su verdadera eficacia en seleccionar una agenda que tenga la garantía de ejecución, además de contar con los medios suficientes. Con España seriamente dañada por la crisis, el proyecto depende más de la buena disposición y evaluación de los países latinoamericanos que del potencial y medios disponibles que procedan de la ambición española.

El autor es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

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