Existe un fuerte consenso en que padecemos una grave crisis moral. Como toda enfermedad grave, esto exige la búsqueda de remedios efectivos y preguntarse: ¿Qué podría hacerse para mejorar la condición moral de nuestro pueblo?
Las distintas respuestas a esta interrogante dividieron a conservadores y liberales durante buena parte de nuestra historia. Los primeros veían en la instrucción religiosa un elemento indispensable en la moralización del pueblo. Los segundos la veían como un elemento oscurantista, contrario a la razón positiva.
El presidente Zelaya, en 1893, decidió imponer la visión liberal de entonces desterrando la enseñanza religiosa de las escuelas. Lo hizo en forma vertical, sin consultar a los afectados —padres de familia mayoritariamente católicos— y coartando considerablemente la enseñanza de la religión en los colegios privados.
Tras el regreso de los conservadores, en el período 1910-1929, estos se afanaron por restaurar la educación religiosa, incorporándola en al currículo de las escuelas públicas y subsidiando la apertura y funcionamiento de colegios católicos. Fue con el regreso de los liberales que la enseñanza laica se restableció para quedarse y fueron suprimidos los subsidios a las escuelas no estatales. Los obispos objetaron la medida argumentando que dado que las contribuciones al Estado procedían de una población católica —el porcentaje de protestantes era mínimo— era contrario a la equidad excluir a los colegios religiosos del favor del Estado.
Desde entonces los subsidios han sido a veces otorgados o suspendidos, pero la exclusión de la enseñanza religiosa del sistema público ha permanecido sin que nadie la cuestione; en parte porque se asume como indiscutible que el Estado no tiene por qué favorecer o imponer una religión determinada, y en parte porque muchos han dejado de interrogarse sobre el valor moralizante de la enseñanza religiosa. La realidad, sin embargo, es que ambas premisas ameritan ser calibradas.
No hay duda que la esencia y mérito del estado liberal o republicano es el respeto a la libertad individual. Es odioso que con el peso del poder se imponga a la población un credo o ideología cualquiera. Pero, ¿sería incompatible con el laicismo y la libertad religiosa, dejar que los padres de familia tengan derecho a que sus hijos reciban la instrucción religiosa de su preferencia, en las escuelas estatales? Hacerlo no significaría imponer clases a quien no las quiera, sino dejar que los hijos de los católicos, evangélicos u otros reciban clases de sus respectivos pastores o instructores y que los hijos de ateos o agnósticos no reciban ninguna. Podría quizás alegarse que los padres de familia siempre pueden optar por escuelas religiosas o buscar dicha instrucción en sus iglesias. Pero eso es teórico. En la práctica un gran sector de hogares pobres no puede costear las matrículas de los centros privados o encuentran difícil asegurar instrucción religiosa fuera de las escuelas.
Respecto a la segunda premisa podría preguntarse: ¿Es la religión cristiana una fuerza moralizante en la sociedad? Dicho de otra forma: ¿mejoraría el nivel moral del país si los niños en las escuelas aprendiesen desde los diez mandamientos hasta los preceptos de Cristo? ¿Existen otras alternativas más eficaces?
Plantearse estas preguntas es relevante para todos los interesados en mejorar la moral pública, sean o no creyentes. Si desde una perspectiva estrictamente secular se llega a la conclusión de que determinada creencia, sea cristiana, budista o atea, puede contribuir a mejorar el nivel ético de los ciudadanos, ¿no sería lógico y pragmático fomentarla? ¿No valdría la pena sopesar el bien que haría abrir las puertas de los colegios públicos a clases de religión o moralidad, voluntarias? El autor es sociólogo, fue ministro de educación 1990-1998.
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