Recientemente, tres graves actuaciones de miembros de la Policía Nacional han empañado un excelente récord de servicio de la institución policial hacia la población, la cual es reconocida objetiva y consistentemente en todas las encuestas de opinión, como en la última de M&R, que ubica a la jefa policial como la persona con más opiniones positivas de la nación con un 86.7 por ciento y a la institución en tercer lugar de confianza con el 73 por ciento, después del Ejército 89 por ciento y los medios de comunicación con un 79 por ciento.
Tenemos el caso ocurrido a inicios de septiembre de los tres o cuatro miembros de las fuerzas especiales encargados de la protección de la casa del presidente Ortega en el vigilado sector de El Carmen, acusados de violar a una niña de 12 años con discapacidad intelectual que jugaba en los alrededores. Los presuntos autores fueron dados de baja deshonrosa y están siendo juzgados en los tribunales.
Antes que eso, en julio, el oficial Eddy Saúl López, acusado de haber disparado contra dos jóvenes que circulaban en una motocicleta en el kilómetro seis y medio de la Carretera Norte, quien también se encuentra detenido y está siendo juzgado, y hace pocos días el caso de los agentes Luis Escobar Urbina y Jorge Javier Sánchez que persiguen al joven motorizado Marcos Castillo Cajina por no andar casco y al darle alcance el primero le dispara a quemarropa y el segundo impide que testigos le auxilien mientas se desangra y muere.
No he sumado a estas tres la recién pasada actuación de la Policía con la huelga de los taxistas, porque si bien la Policía utilizó la violencia para disolver el tranque, los taxistas violentaron el derecho constitucional de la ciudadanía a la libre movilización y realizaron una protesta violenta con quema de llantas, en que uno de los policías fue seriamente lesionado al ser atropellado por uno de los taxistas, lo que quedó registrado en imágenes de vídeos.
Los tres hechos que han impactado a la población no tienen explicación ni justificación alguna, lo único que se puede hacer es castigar con todo el peso de la ley a los culpables para que este castigo sirva de escarmiento y no se vuelvan a repetir. Tratar de apañar un hecho de estos sería un precedente gravísimo para la institución policial.
¿Qué ha hecho la Policía como institución y particularmente la jefa policial primera comisionada Aminta Granera al respecto?
Precisamente esto: ordenar una investigación para esclarecer los hechos, degradar de inmediato a los culpables y ponerlos a la orden de la Fiscalía para que sean encausados y castigados debidamente por los graves delitos cometidos que empañan el uniforme policial. En adición, armada de valor, la primera comisionada ha pedido perdón en nombre de la Policía Nacional a la familia de Marcos Antonio Castillo Cajina y ha ordenado, a través de la Oficina de Asuntos Internos, un mayor control y supervisión de la actuación de los mismos agentes policiales para prevenir que situaciones dolorosas y trágicas como estas se vuelvan a repetir.
Actuaciones delictivas y terribles como las descritas no pueden hacer olvidar a la población las miles de actuaciones correctas del cuerpo policial, los casos que han conmovido a la población y han sido resueltos rápidamente por la Policía, los extraordinarios golpes que ha asestado la Policía Nacional al crimen organizado, como el de los narcotraficantes disfrazados de periodistas del caso Televisa, y las veces en que la Policía ha prevenido accidentes en las carreteras o hechos delictivos en los barrios, carreteras y zonas rurales del país, usando únicamente su capacidad de disuasión.
Si la Policía Nacional apañara a sus miembros que empañan su uniforme (que son la excepción y no la regla), yo sería el primer ciudadano en protestar y levantar mi voz contra la Policía, pero por fortuna este no es el caso y aunque ya no se pueden remediar los lamentables hechos ocurridos, ha quedado evidenciada la firme voluntad de corregirlos y prevenirlos de parte de la jefa policial. El autor es diputado. por el PLI
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