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Las ejecuciones hipotecarias en España, que afectaron de manera desproporcionada a los inmigrantes de bajos ingresos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se extienden a empresarios y familias que antes gozaban de una buena posición económica, que se van quedando sin formas de pagar hipotecas en medio de una recesión que se profundiza.
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Los empresarios españoles, las familias de clase media y sus garantes de préstamos, por lo general compradores de primera vivienda, constituyen ahora el sesenta por ciento de las ejecuciones en Madrid, según AFES, una asociación que asesora a propietarios de viviendas que enfrentan la reposesión. Hace tres años, el ochenta por ciento de las ejecuciones correspondía a viviendas de inmigrantes, que fueron los primeros en perder el empleo y atrasarse con los pagos de los préstamos. “Las reposesiones se concentran ahora en los centros urbanos, y son como un río que se desborda”, dijo Emilio Miravet, jefe de finanzas inmobiliarias de la división de bienes raíces españoles de la firma de asesoramiento e inversión Catella AB. “Al principio de la crisis, las viviendas ejecutadas estaban en zonas periféricas y pertenecían a los menos prósperos”.
LAS CONSECUENCIAS DE LA BONANZA
Los garantes de préstamos, por lo general padres que usaron su casa como garantía para ayudar a los hijos a convertirse en propietarios durante el auge de bienes raíces, ahora representan la quinta parte de las ejecuciones.
Carlos Baños, presidente de AFES, que tiene sede en Madrid, dijo que los padres garantes “son los casos más tristes” que ve la asociación. “Los hijos pierden la casa, se van a vivir con los padres y luego estos pierden la casa, que trabajaron toda la vida para pagar, porque respaldaron las deudas de sus hijos”. Los garantes rara vez tenían conciencia de las consecuencias de respaldar hipotecas. Además de perder su casa, algunos han perdido parte de la jubilación, que ahora se destina a reembolsar deudas, según Baños.
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