Martha Vásquez
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La inversión de aproximadamente un millón de dólares en la compra de 14 vehículos para uso de magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue calificada por miembros de la sociedad civil como un despilfarro e insulto para ciudadanos y empleados públicos que reciben e imparten justicia en condiciones deplorables en el interior del país.
“Obviamente es un derroche porque mientras ellos andan en camionetas de lujo, el personal de base en muchas localidades no tiene las condiciones básicas para prestar servicio a la ciudadanía”, dijo Gonzalo Carrión, asesor jurídico de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Carrión agregó que ante las críticas a la retardación de justicia, las autoridades judiciales muchas veces alegan falta de presupuesto, pero para darse sus lujos “siempre hay dinero”.
También criticó que la compra de vehículos tan lujosos, cuyos precios andan entre 56 mil y 70 mil dólares, es contradictorio con el autoproclamado “gobierno de los pobres.
Luz Marina Torres, coordinadora enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaló que esta inversión en vehículos de lujo del poder judicial, deja claro que no existe interés en priorizar fondos para la aplicación de la Ley 779, Ley Integral de Violencia Hacia las Mujeres, que necesita más de diez millones de dólares para su aplicación y hasta ahora no se ha anunciado la existencia del primer millón.
“Se necesitan más juzgados, personal capacitado, infraestructura, pero se deja claro que no es prioridad ni para la Asamblea ni para la CSJ. No hay voluntad política”, dijo Torres.
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