El nombramiento de un mayor general del Ejército en situación de “disponibilidad” y de un comisionado mayor de la Policía, como director y subdirector respectivamente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recién creada para perseguir el lavado de dinero, pareciera confirmar el temor de que este organismo podría ser utilizado eventualmente como un instrumento de represión gubernamental.
En todos los países donde se gobierna de conformidad con las reglas del Estado de Derecho, las unidades de análisis financiero son órganos técnicos de verdad, no solo de palabra, regulados por leyes que establecen de manera específica la lista de personas jurídicas y naturales que están obligadas a informar y pueden ser investigadas por presuntas irregularidades financieras.
Sin embargo la Ley de la UAF de Nicaragua no señala una lista taxativa de personas sino que esto queda a discreción de quienes la dirijan. Además, a pesar de que la Ley dice en su artículo 5 que los directores de la Unidad de Análisis Financiero deben ser profesionales con “experiencia en el área financiera y jurídica”, Ortega ha designado a un alto militar activo aunque en situación de “disponibilidad”, y a un elevado jefe policial, para que ocupen esos delicados cargos de poder público. Lo cual aumenta en vez de disminuir el temor que ya se manifestó cuando fue aprobada la mencionada ley sin atender las sugerencias y mociones que hicieron la oposición y los empresarios privados independientes, para salvaguardar los derechos civiles y las garantías individuales.
Los temores con respecto a la UAF no son infundados, se basan los antecedentes de Daniel Ortega como gobernante y en la percepción de que el régimen orteguista por su propia naturaleza y sus fines tiende a ser intimidante y represivo; así como también porque otros órganos del Estado o del Gobierno son utilizados como instrumentos de presión contra personas que no pertenecen a la casta que ejerce el poder.
Por supuesto que solo la práctica, o sea las acciones de la UAF, demostrará si este órgano estatal que depende de Daniel Ortega será utilizado o no como un instrumento de represión política. Pero por ahora el temor de que esto suceda se ha agravado y solo el mayor general del Ejército y el comisionado general de la Policía designados para dirigir la UAF, podrán desvanecerlo con su desempeño.
Cabe mencionar que en el actual gobierno de Daniel Ortega hay unos 50 antiguos miembros de alto rango del Ejército, la Policía y la formalmente extinta Seguridad del Estado, que ocupan posiciones claves en alrededor de 20 sectores estratégicos del Gobierno y los negocios del Alba. En su gran mayoría se trata de militares ya retirados del Ejército, a diferencia del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que sigue siendo miembro del Ejército solo que en situación de “disponibilidad”.
De manera que valdría la pena investigar cuál ha sido el comportamiento como funcionarios de gobierno de esos antiguos jefes militares y policiales, y qué beneficios o perjuicios han obtenido de ellos los ciudadanos comunes y la sociedad civil.
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