MONTEVIDEO/AFP
La Cámara de Diputados de Uruguay debate un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, cuestionado por grupos «Provida» y considerado el «proyecto posible y no el deseable» por el oficialismo.
La iniciativa sustituye otra aprobada en diciembre de 2011 por el Senado, promovida por el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), pero que no llegó a ser votada en la cámara baja por la oposición de uno de sus diputados.
Como el FA tiene una ajustada mayoría de 50 diputados (en 99) debió negociar una versión alternativa con el Partido Independiente (PI), lo que permitiría que esta nueva versión sea aprobada, tras un debate que se prevé extenso.
El texto deberá volver luego al Senado, donde sólo con los votos del oficialismo se transformaría en ley.
Inspirado en la legislación de países europeos, el proyecto prevé que la interrupción del embarazo «no será penalizada» si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción.
Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
«Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados», indicó el diputado del PI Iván Posada, promotor de la iniciativa.
El legislador manifestó su «rechazo» a la práctica del aborto pero sostuvo que la prohibición «no ha logrado defender la vida» ya que «ha sido ofendida y menoscabada por su incumplimiento».
La ley vigente, de 1938, pena con de tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, de seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y de dos a ocho años a quien lo practique sin consentimiento de la embarazada.
Aunque desde 2008 una mujer que desea interrumpir su embarazo tiene garantizado el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo, cuando recibe la indicación más frecuente, tomar misoprostol (un medicamento para úlceras), debe conseguirlo en el mercado negro.
Clandestinos, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 46.000 nacimientos.
CUESTIONAMIENTOS
Desde la oposición, el diputado Javier García, del Partido Nacional, consideró que el proyecto es «ineficaz e incoherente» y cuestionó que se valide el aborto en un país con «un serio problema demográfico», donde la tasa de fecundidad es menor a dos hijos por mujer.
El lunes por la noche cientos de personas se manifestaron en Montevideo contra el proyecto, en una marcha en la que se repartieron pequeñas cintas negras como señal de «duelo por los millones de niños que no nacerán en Uruguay».
Pero la norma tampoco conforma a quienes desde hace años militan por la legalización.
La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) convocó para a una performance frente al Palacio Legislativo, cuestionando que para abortar las mujeres tengan que «comparecer ante un tribunal interdisciplinario».
Además, según la Coordinadora por el Aborto Legal, el proyecto no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan con los plazos previstos.
La presidenta del oficialista FA, Mónica Xavier, admitió el martes en una columna en el diario La República que este «es el proyecto posible y no el deseable».
Xavier fue una de las redactoras del texto aprobado en 2011 en el Senado y que naufragó en Diputados y de otro ratificado en 2008 pero vetado por el presidente Tabaré Vázquez (izquierda, 2005-2010).
