Ing. Hjalmar Ruiz Tückler (*)
El desarrollo tecnológico que posibilita la convergencia de servicios necesita de la adaptación en paralelo del marco regulatorio. En muchos países de América Latina la regulación actual ha llegado al término de su vida útil, ya que la misma presenta una serie de barreras para afrontar de un modo adecuado los nuevos escenarios de negocios.
Aún se regula mediante la clasificación de servicios. Esta fragmentación excesiva de mercado no se corresponde con la potencialidad que presentan las redes convergentes. Hoy día esta visión regulatoria limita la oferta combinada de servicios, en detrimento de la implementación de redes multiservicios o la óptima operación de las mismas. Otro elemento negativo es la actual regulación económica, ya que la misma no está acorde con los nuevos modelos de negocio, debemos estar conscientes que los modelos de costos vigentes han sido desarrollados para una estructura de redes ya anticuada, hay barreras a ofertas de empaquetamientos, el modelo de interconexión está cambiando a interconexión IP y la regulación de precios minoristas no contempla las alternativas tecnológicas para proveer servicios similares.
Aún cuando las leyes declaren la neutralidad tecnológica, no se regula bajo este principio. El fenómeno de la convergencia permite ofrecer un mismo servicio a través de plataformas de acceso diferentes: pares de cobre, redes de cable, redes de energía eléctrica, redes de banda ancha de acceso inalámbrico, pero la regulación actual se aplica solo a la primera de ellas. Ello permitiría a los reguladores favorecer un entorno competitivo sobre la base de la competencia entre plataformas alternativas a fin de extender y mejorar la conectividad y la capilaridad, frente a los enfoques adoptados en el pasado centrados exclusivamente en la utilización de las redes preexistentes y, por tanto, basados en una orientación de competencia en servicios, que en un entorno convergente y de rápida innovación tecnológica desincentivan la inversión y la modernización de dichas redes, con el consiguiente perjuicio final para los usuarios.
Las diferentes políticas de otorgamiento de títulos habilitantes entre sectores y la diferente manera en que otros aspectos (como la interconexión) se aplican, suponen un obstáculo a la provisión de servicios convergentes. Así mismo persisten las asimetrías regulatorias, tanto entre diferentes servicios (telecomunicaciones y audiovisual), como entre operadores, incluso en mercados con niveles de competencia similares. El mantenimiento de estas asimetrías facilita la continuidad de los operadores que no tienen vocación inversora, a la vez que desincentiva el desarrollo y la innovación de las redes existentes.
Hay incertidumbre regulatoria para la provisión de servicios de VolP, ya que son muy pocos los países en el mundo (ninguno en Centroamérica) que hayan publicado posicionamientos sobre estos servicios (numeración, calidad, obligaciones, derechos de los usuarios, etc.). Adicionalmente, la regulación del espectro radioeléctrico está basada en la atribución de bandas en tecnologías-servicios y por tanto se requiere la introducción de una cierta flexibilidad para adaptarse a la evolución tecnológica.
En América Latina, algunos países ya están dando los primeros pasos para adaptar la regulación actual. Así en Brasil se ha elaborado la Ley de la Convergencia de las Comunicaciones Digitales y en Chile, se ha adoptado un enfoque más adaptado a la convergencia tecnológica.
(*) Consultor [email protected]
